Justicia
Presidente del TSJ pide que Mariaca, Zeballos y otros aprehendidos pasen ante una autoridad jurisdiccional
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, pidió hoy que los aprehendidos en el operativo policial desarrollado de manera simultánea en Santa Cruz, Sucre y La Paz, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, entre otros, deben pasar a una autoridad jurisdiccional.
“Informarles que, a nombre de toda la Sala Plena, de acuerdo al comunicado oficial que podemos emitir, es que, al haberse presentado aprehensiones, no solamente contra el fiscal general, sino contra otras autoridades del Ministerio Público, corresponde que pasen a una autoridad jurisdiccional”, afirmó.
La noche del miércoles, un operativo policial aprehendió a 14 personas, entre ellas Mariaca, Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta Flores y el mayor de Policía Rubén Aparicio Villarroel, entre otros, y, pasadas las 20 horas, todavía se desconoce su situación legal.
Esta mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se refirió al operativo y explicó que “el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.
El pasado lunes, en una nota de prensa, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas a varios funcionarios bolivianos: Roger Mariaca, fiscal general del Estado; Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
También fueron afectados por esa decisión los jueces Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.
Además, Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado Constitucional; Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Dos días después, se realizó el operativo, que concluyó con la aprehensión de Mariaca, Zeballos e Irusta, además de otras 10 personas.
Respecto a Mariaca, el Gobierno estadounidense sostiene que abusó de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.
Uno de los hallazgos durante los allanamientos realizados a las propiedades de Mariaca fue una ambulancia que transportaba Bs 3.5 millones y $us 10.000 dólares en efectivo; en el lugar se arrestó a funcionarios y técnicos que intentaban retirar documentación y dispositivos de seguridad.
Saucedo consideró que, al estar a disposición de una autoridad jurisdiccional, se deberá respetar en todo momento el debido proceso y, además, valorar los elementos de la investigación que ya está en curso.
Sostuvo que, bajo el principio de imparcialidad, que rige el trabajo de los jueces, cada autoridad jurisdiccional será la que emita una resolución, en base al respeto a la institución y la imparcialidad con la que deben actuar los operadores de justicia.
Consultado sobre si la aprehensión de Mariaca podría dar curso a una extradición a los EEUU, la autoridad se excusó de emitir un criterio al respecto.
“Yo no puedo emitir en este momento mayor criterio, hay una investigación que está en curso, aun no se tiene mayores elementos colectados y, tengo entendido está todavía desarrollándose esta investigación”, afirmó.
Dijo que, cuando se tenga más adelante una imputación, cuando los aprehendidos sean presentados ante una autoridad jurisdiccional, se valorará su situación de manera objetiva.