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SOBOCE recurre a la Comunidad Andina y pide frenar cobro de Bs 744 millones a favor de FANCESA
La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) presentó un reclamo contra el Estado boliviano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) por lo que considera un quiebre de la seguridad jurídica y trato discriminatorio contra un inversor subregional. La empresa también solicitó suspender la ejecución de una sentencia que dispone el cobro coactivo de más de Bs 744 millones a favor de FANCESA, mientras las instancias de la Comunidad Andina revisan el caso.
El anuncio fue realizado este martes por ejecutivos y asesores jurídicos de SOBOCE, quienes señalaron que la acción internacional constituye, según la empresa, el último recurso después de una disputa judicial que se prolonga por más de una década. El caso está relacionado con una demanda por presunta competencia desleal promovida por FANCESA contra SOBOCE.
El gerente Nacional de Administración y Finanzas de SOBOCE, Ricardo Barrientos, sostuvo que el origen de la controversia no está en una supuesta competencia desleal, sino en una deuda que —según afirmó— el Estado mantiene con la empresa desde hace 16 años.
“La demanda no fue una coincidencia. Fue armada como herramienta de presión para intentar obligarnos a negociar el monto de la expropiación”, afirmó.
El ejecutivo sostuvo además que durante el proceso judicial se produjeron diversas irregularidades que, en criterio de la empresa, afectaron su derecho a la defensa. Mencionó recursos que no habrían sido tramitados, problemas en las notificaciones de resoluciones judiciales y un trato diferenciado hacia FANCESA.
SOBOCE cuestiona fallo judicial
Uno de los principales argumentos planteados por la empresa ante la Comunidad Andina está relacionado con el Auto Supremo 1190/2026, mediante el cual la justicia boliviana confirmó la obligación de pago que supera los Bs 744 millones.
El abogado Hugo Gómez, ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y actual asesor internacional de SOBOCE y sus accionistas, sostuvo que la justicia boliviana habría vulnerado el denominado principio de trato nacional, establecido por la normativa comunitaria andina.
Según Gómez, antes de emitir la condena correspondía que la justicia boliviana solicitara una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) sobre las normas comunitarias aplicables al caso. A su criterio, la omisión constituye un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino.
El jurista también cuestionó que el fallo haya otorgado a FANCESA prerrogativas que, según su interpretación, corresponden al Estado y no a una sociedad anónima. Entre ellas mencionó la imprescriptibilidad de créditos y la inembargabilidad de bienes.
“El Derecho Andino es un marco normativo fundamental que integra el bloque de constitucionalidad boliviano y garantiza que las empresas compitan en estricta igualdad de condiciones”, afirmó Gómez.
¿Qué pide SOBOCE?
A partir del reclamo presentado ante la Comunidad Andina, SOBOCE busca que se revise la actuación del Estado boliviano y, mientras se desarrolla ese procedimiento, se suspenda la ejecución de la sentencia que obliga a la empresa a pagar a FANCESA.
La compañía sostiene que la controversia podría llegar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, instancia que eventualmente deberá pronunciarse sobre la aplicación del derecho comunitario en el caso y establecer si Bolivia incurrió en algún incumplimiento.
SOBOCE advirtió que el conflicto también puede tener consecuencias sobre la percepción de Bolivia como destino de inversiones. Barrientos sostuvo que un trato judicial diferenciado entre empresas, según su origen o composición accionaria, puede afectar la seguridad jurídica y la confianza empresarial.
“Un Estado que protege judicialmente de forma exclusiva a las empresas de capitales bolivianos destruye su imagen como destino de inversiones por parte de la comunidad internacional”, afirmó.