Posición
Ante amenazas de conflictos, el Gobierno advierte que "no permitirá que se convulsione el país" y reta a Morales a "hacerse a un costado"
En un mes en el que se anuncian protestas no solo de sectores sociales, sino también del movimiento cívico cruceño, el Gobierno de Rodrigo Paz cuestionó duramente a Evo Morales y advirtió que "nadie va a convulsionar nuevamente el país".
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fijó la posición del Gobierno y aseguró que en Bolivia no volverá a darse una medida de presión como la que dejó a varias ciudades aisladas durante 53 días y causó un millonario daño a la economía.
"No vamos a permitir que nadie vuelva a convulsionar el país. La democracia es un patrimonio de todos. Y nadie, nadie va a convulsionar nuevamente el país. Nadie va a interrumpir nuevamente el tránsito de mercancías. Nadie va a evitar que tengamos medicinas en nuestros hospitales ni que seamos atendidos. Nadie tiene el derecho a hacerlo", advirtió.
Los sectores afines a Morales convocaron a movilizaciones a partir del 13 de octubre en contra de las políticas de ajuste económico del Gobierno, entre ellas, la eliminación de la subvención al diésel. En las últimas horas, ratificaron las medidas de presión porque sus demandas no fueron atendidas, entre ellas, que se dé marcha atrás en la decisión de dejar al mercado la definición del precio del diésel, pese a la vigencia del estado de excepción.
Aramayo fue particularmente duro contra Morales, quien, desde su reducto del Chapare, es un activo crítico del Gobierno y promotor de los ampliados de sus bases que alistan protestas sociales.
"No voy a emitir un criterio particular sobre un señor que no tiene ni la altura, ni el peso, ni la solvencia moral para interponerse nuevamente al desarrollo de este país. Y lo repito y me ratifico: él nos ha quitado el futuro. Tiene que hacerse a un costado para que los bolivianos y las bolivianas recuperemos nuevamente el futuro, recuperemos certidumbre", exigió.
Para este mes también están anunciadas protestas por parte del Comité pro Santa Cruz. De hecho, la dirigencia cívica cruceña ratificó que el Gobierno tiene hasta el 10 de octubre para atender sus demandas, entre las que destacan la materialización de la redistribución de recursos económicos bajo la fórmula 50-50 y la eliminación de impuestos a la importación de combustibles, a fin de que lleguen a un menor precio al consumidor final.
El líder cívico Stello Cochamanidis evaluó como "poco satisfactorio" el avance en la atención de las demandas regionales por parte del Gobierno de Paz y, aunque no quiso adelantar eventuales medidas de presión, dijo que las protestas serán escalonadas hasta llegar a un cabildo, que es el mecanismo de máxima decisión cruceña, con la participación de la población en pleno.
"Recuperar nuestra educación, nuestros recursos y las competencias autonómicas no es un favor, es lo que nos corresponde. Si no hay voluntad política, se vienen medidas escalonadas y un nuevo Cabildo", aseguró, por su lado, el vicepresidente cívico Agustín Zambrana.