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Santa Cruz: este sábado vence el plazo de los cívicos al Gobierno por demandas de salud y modelo 50-50
La dirigencia cívica de Santa Cruz se prepara para evaluar nuevas acciones frente al vencimiento del plazo otorgado al Gobierno nacional para atender las demandas regionales. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que, si no existen respuestas satisfactorias, se podrían activar medidas de presión escalonadas, incluida la posibilidad de convocar a un cabildo.
Las resoluciones aprobadas por la Asamblea de la Cruceñidad el pasado 9 de septiembre establecieron un plazo para que el Gobierno atienda las principales exigencias de la región. Con su vencimiento previsto para este sábado, el directorio del Comité pro Santa Cruz podría reunirse para definir las acciones que correspondan.
“Si no se resuelve se van a hacer estas medidas escalonadas, con la posibilidad de llegar a un cabildo”, manifestó Cochamanidis, según informó Unitel.
El dirigente explicó que los informes recibidos sobre salud, educación y combustibles no muestran avances suficientes para responder a las expectativas de las instituciones cruceñas. Por ello, sostuvo que la continuidad de las gestiones dependerá de la disposición del nivel central para atender los planteamientos.
El modelo 50-50 está entre las principales exigencias
Uno de los pedidos centrales de la Asamblea de la Cruceñidad es incorporar el modelo 50-50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
La propuesta busca que el 50% de los recursos generados por cada región permanezca en los departamentos y sea administrado directamente por las gobernaciones, los municipios y las universidades públicas.
Hasta el momento, el Gobierno no respondió de manera directa a esta demanda. No obstante, el viceministro del Tesoro, Oscar Navarro, informó en días pasados que el proyecto del PGE será enviado a la Asamblea Legislativa antes de que concluya octubre, de acuerdo con un reporte de Unitel.
Las instituciones cruceñas exigen la asignación de recursos e ítems para los sectores de salud y educación, además de la restitución de competencias a las gobernaciones, los gobiernos municipales y las universidades públicas.
Estos planteamientos forman parte de una agenda que, según la resolución cívica, busca atender las necesidades regionales en un contexto marcado por dificultades económicas y energéticas.
La dirigencia espera que el Gobierno presente respuestas concretas antes de que concluya el plazo establecido, a fin de evitar que las medidas anunciadas avancen hacia nuevas instancias de presión.
La resolución también incluye demandas relacionadas con el abastecimiento de combustibles. En ese ámbito, la Asamblea de la Cruceñidad plantea liberar la importación, distribución y comercialización de carburantes.
Además, solicita impulsar la producción de biocombustibles y la explotación de pozos de crudo, como parte de las alternativas planteadas para enfrentar los problemas energéticos.
La resolución de la Asamblea de la Cruceñidad faculta al Comité pro Santa Cruz a activar la denominada Autonomía de Facto, en coordinación con las instituciones y los sectores de la región, si el Gobierno incumple los compromisos exigidos.
El documento también contempla un plan de medidas escalonadas de presión. La posibilidad de llegar a un cabildo fue mencionada por Cochamanidis como uno de los escenarios que podrían considerarse si no se atienden las demandas.
El vencimiento del plazo este sábado marcará, de esta manera, un punto de evaluación para la dirigencia cívica, que deberá definir si continúa las gestiones ante el Gobierno o avanza con las acciones previstas en las resoluciones regionales.