Bolivia pide rigor técnico a Chile en el caso maderas y alerta sobre perjuicios al sector forestal
El Gobierno de Bolivia expresó su preocupación ante Chile por los perjuicios económicos, comerciales y reputacionales que afectan a empresas y productores del sector forestal boliviano en el marco del denominado “caso maderas”, una investigación que continúa en curso ante el Ministerio Público chileno.
Mediante un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia demandó que las actuaciones investigativas se desarrollen con el máximo rigor técnico y que la información difundida públicamente se ajuste a los antecedentes disponibles, sin anticipar conclusiones sobre hechos que todavía requieren esclarecimiento.
“Bolivia considera fundamental que las actuaciones de las autoridades responsables de la investigación se desarrollen con objetividad, máximo rigor técnico y pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”, señala el comunicado de la Cancillería.
La posición boliviana surge ante las consecuencias que, según el Gobierno, están trascendiendo el ámbito penal y repercutiendo en la imagen y las actividades comerciales de empresas y productores nacionales vinculados al sector forestal.
En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el país reconoce y respeta la independencia del Ministerio Público y de los órganos competentes de Chile. Sin embargo, remarcó que ese respeto institucional no impide expresar preocupación cuando el desarrollo y la comunicación pública de una investigación pueden afectar a terceros.
“Ese respeto, sin embargo, no impide expresar preocupación cuando la conducción y comunicación pública de una investigación producen efectos que trascienden el proceso penal y afectan la reputación de empresas, de un sector productivo y del propio país”, sostiene el documento.
La Cancillería también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar los hechos comprobados de las hipótesis que forman parte de una investigación y de las responsabilidades que eventualmente deban determinar las autoridades competentes.
Al respecto, señaló que la información difundida debe mantener “una estricta correspondencia con los antecedentes técnicos disponibles” y distinguir claramente entre los elementos acreditados y aquellos que todavía están sujetos a verificación.
Según el Gobierno boliviano, la difusión anticipada de conclusiones puede generar consecuencias difíciles de revertir para las empresas y los trabajadores involucrados, además de afectar a productores que desarrollan actividades legítimas.
“La difusión anticipada de conclusiones puede generar perjuicios económicos y reputacionales de difícil reversión”, advierte el pronunciamiento.
Otro de los aspectos observados por Bolivia es la necesidad de garantizar el acceso oportuno a la información y las condiciones necesarias para examinar técnicamente los elementos probatorios que forman parte de la investigación.
En ese marco, el Gobierno consideró indispensable asegurar la adecuada conservación y trazabilidad de las muestras y de los antecedentes relevantes, de modo que puedan ser verificados y sometidos a contradicción técnica conforme a las garantías del debido proceso.
La Cancillería sostuvo que estos mecanismos son esenciales para contribuir al esclarecimiento objetivo de los hechos y evitar que una investigación en curso produzca daños desproporcionados sobre el sector productivo boliviano.
El Gobierno aclaró que su posición no busca interferir en las actuaciones que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales y fiscales chilenas. Por el contrario, afirmó que su preocupación se formula desde el respeto institucional y la buena fe.
“Ese respeto, sin embargo, no limita el derecho ni la responsabilidad del Estado boliviano de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus nacionales y de sus sectores productivos”, señala el comunicado.
Asimismo, advirtió que los efectos del caso podrían repercutir en el comercio bilateral y en la confianza entre ambos países, por lo que consideró importante abordar la situación mediante mecanismos institucionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Bolivia continuará realizando gestiones a través de los canales diplomáticos correspondientes, con respeto a la soberanía de ambos Estados y al derecho internacional.
“La cooperación, la transparencia, el debido proceso y el rigor técnico son fundamentales para esclarecer los hechos y preservar una relación bilateral constructiva”, concluye el pronunciamiento.
El operativo efectuado el 8 de junio fue anunciado por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera; el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el fiscal nacional, Ángel Valencia, y los jefes de la Armada y Aduanas de ese país.
En esa oportunidad se informó el hallazgo de 1.080 toneladas de madera impregnada con distintas sustancias, correspondientes a 45 contenedores detectados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. La Fiscalía sostuvo entonces que entre un 10% y 20% de cada carga correspondería a sustancias ilícitas.
Sin embargo, documentos del Instituto de Salud Pública de Chile, difundidos por medios de comunicación de ese país, revelaron que, en los análisis realizados a las 1.080 toneladas de madera que eran exportadas desde Bolivia, se encontraron ketamina, cafeína y trazas de cocaína, con concentraciones inferiores al 5%.
Mientras que, en otras muestras analizadas, no se encontró presencia de droga, sostiene un reportaje de radio ADN. A pesar de esos indicios, la Fiscalía de Arica insiste en sostener que, en el operativo efectuado el 8 de junio, sí se confirmó la presencia de sustancias ilícitas en la madera exportada por 23 empresas bolivianas.
De acuerdo con la definición del Diccionario de la lengua española de la RAE, trazas es el plural de traza y se define como una huella, señal, diseño o una cantidad extremadamente pequeña de una sustancia.
Con este informe, ya suman tres los estudios que ponen en duda la presencia de cocaína en las 1.080 toneladas de madera que, según la Fiscalía chilena, contenían 108 toneladas de clorhidrato de cocaína y ketamina impregnadas químicamente.