Tarifas
El Gobierno descarta un alza de tarifas con la nueva Ley de Electricidad, pero no garantiza que se mantengan en cinco años
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó que la nueva Ley de Electricidad contemple un incremento de las tarifas para la población. Sin embargo, consideró que garantizar que estas se mantengan durante los cinco años de gestión del presidente Rodrigo Paz sería irresponsable.
“En este momento no se está pensando en incrementar las tarifas, hay otros métodos a través de los cuales se puede hacer que los inversionistas reciban mejor retorno, sin tener que hacer subir las tarifas”, afirmó.
Sobre ese tema, sostuvo que, junto al viceministro de Energías Renovables, Rudy Peredo, trabajaron para ver qué medidas se pueden tomar para que los inversionistas tengan un mejor retorno, pero sin afectar a las tarifas.
Consultado sobre si estas no iban a ser elevadas hasta la conclusión de la gestión del Gobierno, Blanco sostuvo que no podía garantizar esa situación. “Sería muy irresponsable comprometerme a algo que no se si pueda suceder; yo no doy fechas, ni montos, es ser irresponsable”, precisó.
Sin embargo, consideró que, en los últimos 20 años, las tarifas permanecieron congeladas y hubo incrementos irrisorios, pero insistió en que “por el momento no se ha pensado en el incrementar las tarifas de energía eléctrica”.
Además, descartó que haya un incremento en el precio del gas natural, como lo sugirió la Cámara Boliviana de Electricidad, que planteó elevar el precio para evitar alzas elevadas que afecten a los usuarios.
La autoridad descartó que el Gobierno vaya por una transición energética. Por el contrario, sostuvo que plantea la diversificación, por lo que aseguró que las termoeléctricas continuarán funcionando y que la opción que se tiene es buscar nuevos yacimientos de gas.
“Hablamos de la diversificación energética, porque somos un país gasífero, sabemos que tenemos gas, vamos a seguir generando gas”, sostuvo, aunque reconoció que en el corto plazo hay que buscar fuentes alternativas y que se tomaron una serie de medidas para incentivar a todos los sectores para que inviertan en energías renovables y no en energías tradicionales.
Blanco destacó que el proyecto de Ley de Electricidad, que debe ser tratado por la Asamblea Legislativa, es una propuesta moderna en relación con la norma en vigencia. Destacó que se incluyeron las subastas, la independencia del ente regulador y el cambio de modelo, que antes se enfocaba solo en las energías fósiles y las energías convencionales.
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“Lo que estamos haciendo en esta ley es darle un énfasis a las energías renovables y a las energías renovables no convencionales, como la eólica, la fotovoltaica, la biomasa y la hidroeléctrica”, mencionó.
Dijo que se trata de contar con una ley con eficiencia, que lleve adelante la transición climática y la exportación de excedentes.
“Queremos que Bolivia sea un centro energético dada su situación geográfica, es por eso que estamos llevando adelante convenios con varios gobiernos amigos para poder tener intercambio de electricidad, intercambio que antes solo podía ser llevado adelante por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que fue modificado a través de un decreto y con la ley también se da un rol mayor a la participación privada”, precisó.
Recordó que, hasta el año 2010, el sector era administrado básicamente en su totalidad por el sector privado y la participación de ENDE era residual, pero después de la nacionalización esto se dio la vuelta y el país está viviendo las consecuencias.
Destacó que, en la nueva ley, el ciudadano “es el centro del sistema”. Se tiene esta entidad de fiscalización, que es la entidad de regulación de la electricidad, una institución autárquica. Se respeta el derecho humano, se reconoce como un derecho humano el acceso al servicio de electricidad y, con esta ley, se busca una estabilidad de las tarifas, dándole mayor certidumbre al ciudadano.
El motor de esta ley es la transparencia. Se va a tener una planificación estratégica y luego subastas, en las que podrán participar quienes así lo deseen, para que el que gane sea el encargado de generar electricidad.
Dijo que los contratos tendrán una vigencia de 15 años aproximadamente o más y el inversionista estará seguro de que por esos 15 años va a recibir el retorno que esperaba por la inversión realizada.
Entre los pilares estratégicos mencionó: un marco moderno de transición planificada de un modelo fósil a uno con una matriz de energías renovables; la protección ciudadana, con tarifas justas fiscalizadas por un ente regulador independiente; la revolución tecnológica, que es la integración legal de la energía eólica, solar y distribuida a través de paneles domésticos; un motor de inversiones a través de las subastas; y la protección del ciudadano a través de este ente regulador y el acceso a la electricidad.
La intención que tenemos con esta ley es no solo fijarnos en las áreas no rurales, sino que tenemos que lograr que haya un mecanismo que permita la electrificación rural, las energías tienen que llegar a todos.
Blanco informó que la nueva norma plantea una serie de incentivos a las empresas que inviertan en energías renovables, entre ellos los fiscales, para aquellos proyectos con una cuantía superior a los $us 15 millones y otros para los proyectos que tengan una cuantía menor a los $us 15 millones.
Además, presentó el proyecto de Ley de Energías Renovables y Fomento a las Energías Verdes, que fue preparado ante la situación de la matriz energética boliviana, que tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles, sobre todo del gas.
“Con esta ley se pretende modificar esta situación a través del financiamiento que se va a conseguir para aquellos proyectos que sean parte de esta ley. Lo que se pretende con esta ley de energías verdes es que, todos los proyectos que tengan que ver con energías renovables reciban un sello y a través de esa certificación sean sujetos de crédito tanto a nivel nacional, como a nivel internacional”, afirmó.
Tenemos la energía eléctrica renovable, que es parte de la Ley de Electricidad; la de biocombustibles, que es una ley que se pasó con anterioridad. Sin embargo, tenemos que crear definiciones para la regulación del hidrógeno verde, de combustibles alternativos y de ahorro energético, que son parte de esta ley.
Se pretende también con esta ley conseguir financiamiento local e internacional. Una vez que los proyectos hayan sido aprobados, también se crea un fondo de investigación con recursos de la cooperación internacional.
Los objetivos de esta ley son promover las inversiones, fomentar las energías renovables, dejar de lado las energías fósiles y tener una soberanía energética.
También se pretende la innovación tecnológica a través de nuevas fuentes de generación que nos van a permitir la competitividad y una mayor eficiencia.
Por último, la sostenibilidad, que pretende garantizar la competitividad y una mayor eficiencia y la sostenibilidad ambiental.
El impacto de la ley: la atracción masiva de capitales, una soberanía energética, el cumplimiento de las normas ambientales y de los compromisos que tiene Bolivia, y la creación de nuevas cadenas de valor agregado.