Magistratura presentará listas de jueces suspendidos y destituidos y casos vinculados con la Ley 1008 que atendieron los que perdieron su visa

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que el próximo viernes se dará a conocer la lista de todos los jueces que han sido suspendidos y destituidos en el país, acción que fue frenada por el Tribunal Constitucional mediante una medida cautelar. Asimismo, anunció que se hará un relevamiento de los procesos atendidos en el marco de la Ley 1008 por los jueces que perdieron su visa a Estados Unidos.

“Nosotros el viernes vamos a dar un informe de todos los jueces que han sido suspendidos en toda Bolivia y también de las autoridades que han sido destituidas, y que, a la fecha, el Tribunal Constitucional, con una medida cautelar, nos frena esta destitución de estas autoridades del Órgano Judicial”, precisó.

En el caso específico de las autoridades que perdieron su visa a Estados Unidos, anunció que se está haciendo un levantamiento técnico sobre la cantidad de procesos en materia de la Ley 1008 que atendieron y las decisiones que asumieron en cada uno de ellos.

“Se está haciendo un levantamiento técnico para cuántos procesos en materia de 1008 han podido determinar y han podido dar medidas a estas personas que han cometido delitos”, afirmó durante su estadía en La Paz.

Spencer sostuvo que cuatro jueces figuran en las listas de Estados Unidos y que se está dando prioridad al levantamiento técnico de información para determinar las responsabilidades de quienes pudieron estar vinculados a estos casos y no actuaron correctamente dentro de la normativa constitucional.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nota de prensa en la que informó sobre el retiro de las visas a los jueces Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz; y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.

Sobre este tema, Spencer sostuvo que continúa el levantamiento de información técnica sobre todos esos funcionarios que figuran en la lista de ciudadanos sancionados, en los juzgados donde ejercen sus funciones.

También se hará ese levantamiento para determinar las faltas y los delitos cometidos por estas autoridades que, según advirtió, no cumplieron con el mandato constitucional.

Spencer dijo que el próximo viernes se darán a conocer los datos concretos sobre cuántos jueces tienen suspensiones, cuántas suspensiones tiene cada uno, los procesos y las denuncias presentadas por la población en su conjunto por la mala administración de justicia.

Explicó que, a pesar de las medidas disciplinarias asumidas por el Consejo de la Magistratura, las salas constitucionales del Tribunal Constitucional “nos frenan a nosotros como Consejo de la Magistratura para que no demos cumplimiento a estas destituciones y procesos por faltas gravísimas que hacen”.

La autoridad informó que esa institución, que administra el control disciplinario de los jueces, busca la modificación de la Ley 025, del Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de ejercer sus funciones de forma eficiente.

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“No es posible, pues, que podamos suspender a una autoridad jurisdiccional por un mes a seis meses. Nosotros, en nuestro proyecto de ley, estamos pidiendo que se suspenda de un año a dos años a estas autoridades que no cumplen un mandato constitucional”, informó.

Otra de las modificaciones se refiere a la exclusión de los jueces ciudadanos de la mencionada ley, quienes se encargan de los procesos disciplinarios.

“Estamos con un régimen disciplinario con jueces ciudadanos, en el procedimiento penal ya se excluyó eso y nosotros, como parte administrativa, seguimos procesando a estas autoridades del Órgano Judicial con jueces ciudadanos”, dijo.

Spencer manifestó que se está pidiendo celeridad para que se pueda destituir a la brevedad posible a las autoridades que no cumplen con sus funciones. Por ello, señaló que ya se solicitó a la Asamblea Legislativa que avance en el tratamiento de este proyecto de ley.

Lo que se busca es una ley que pueda garantizar a los ciudadanos una adecuada administración de justicia y que las sanciones sean efectivas ante las denuncias presentadas contra los jueces en todos los departamentos del país.

Observó que el tratamiento de este proyecto de ley no avanza en la Asamblea y manifestó que ya se presentó en varias oportunidades para pedir explicaciones a los diputados y senadores sobre las causas que impiden su avance.

“Creo que no hay esa voluntad para poder cambiar la Ley 025 y tengamos un resultado para poder destituir a estos administradores de justicia que no cumplen con un mandato”, afirmó.