¿Marcha la estabilización?
El gobierno del MAS traicionó su política de tipo de cambio fijo cuando comenzó a financiar sus gastos con dinero que tomaba prestado del Banco Central de Bolivia. Este, administrado por autoridades interinas, obedecía las instrucciones del Poder Ejecutivo, poniendo en circulación una masa creciente de dinero. Para fines de 2025, la deuda del gobierno con el BCB superaba los 150 mil millones de bolivianos. Parte de ese dinero se utilizó para comprar dólares y financiar importaciones, mientras las reservas internacionales se fueron agotando.
Para sostener el tipo de cambio fijo y defender el valor de la moneda, el gobierno debía bajar sus gastos, eliminar el déficit y reducir la cantidad de dinero en circulación mediante el pago de sus deudas al BCB. No lo hizo. El ajuste quedó pendiente, como un legado perverso para el siguiente gobierno. Incluso puso en marcha dos políticas maliciosas: obligar a los bancos a transferirle los dólares que los ahorristas habían depositado en ellos, dejando a miles de hogares y empresas sin acceso a sus recursos, e ignorar que en las calles el tipo de cambio aumentaba continuamente. En síntesis, el gobierno del MAS devaluó la moneda, pero no tuvo ni siquiera el coraje de admitirlo.
La campaña electoral de 2025 estuvo fuertemente marcada por el debate sobre la política económica. Todos sabían que el ajuste era inevitable y que, posiblemente, sería muy duro. Los subsidios, especialmente a los combustibles, estaban ocultando la magnitud del problema, pues distorsionaban los mercados de una manera cuyos efectos resultaban difíciles de predecir. El déficit fiscal había alcanzado dimensiones gigantescas y los grupos corporativos, organizaciones sociales y sindicatos, alimentados por prebendas fiscales, se preparaban para resistir cualquier recorte de los privilegios que habían logrado en los años de la bonanza. Se comenzó entonces a hablar de “sinceramiento”. Los datos económicos estaban, efectivamente, escondidos, no solo por las intervenciones en precios y mercados, sino también por las deficiencias de la información que debían proporcionar las autoridades. Incluso el BCB había dejado de publicar sus propias estadísticas.
La estabilización se convirtió en la tarea fundamental del nuevo gobierno. Sin embargo, este optó primero por “poner en orden la casa” y postergó la presentación de un plan integral que diera señales claras a los agentes económicos. Este llegó en septiembre de 2026, a casi once meses de gestión, en forma de un Acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional. Esta entidad ha difundido los documentos de lo aprobado y la nota técnica de evaluación de su personal, sistematizando y organizando la propuesta del gobierno.
En lo esencial, se recoge la idea de que deberá mantenerse un tipo de cambio flexible en los próximos años, reducir gradualmente el déficit fiscal, introducir reformas institucionales tanto en lo que respecta a las normas de inversión como a la gestión del BCB y del sistema financiero, y aplicar un programa de protección a los sectores vulnerables mediante una focalización más eficiente basada en un registro social. El programa admite que la inflación seguirá afectando a los hogares y que la economía continuará en recesión, al menos hasta 2028.
Por su lado, el BCB ha dicho que intervendrá en el mercado de divisas cuando ocurran cambios bruscos, sin definir qué entiende por tales, y que utilizará el control de los agregados monetarios como instrumento de estabilización. Ello ya se ha manifestado en aumentos del encaje bancario, que restringen el crédito hacia los inversionistas privados, y en la emisión de títulos con tasas de interés que también alejan los recursos financieros de la inversión productiva. ¿Quiere esto decir que se ha programado la recesión como instrumento de estabilización? La combinación de restricciones al crédito, las tasas de interés y perspectivas de contracción económica sugiere que sí.
Mientras tanto, entre los economistas ha surgido una corriente dedicada a la defensa casi obsesiva del tipo de cambio flexible, con el argumento de que este otorga más instrumentos al gobierno para implementar su política económica. Es posible que así sea, pero también es evidente que el costo del ajuste seguirá siendo desplazado hacia los consumidores, trabajadores y empresarios de los sectores privado e informal. El horizonte temporal de este desplazamiento tampoco está claro. Los tres años que contempla el programa no son pocos y, además, su cumplimiento depende de que se obtengan apoyos adicionales de otros organismos internacionales, mediante préstamos y donaciones, así como de los inversionistas extranjeros. Nada garantiza su concurso.
La reactivación de la economía, por lo tanto, no aparece como un objetivo explícito del programa y tampoco parece un resultado probable de su aplicación.
Por supuesto, este programa es mucho mejor que no hacer nada o continuar con la dinámica irresponsable que condujo el MAS hasta 2025. Pero estas no son las únicas alternativas. Es necesario mantener abierto el debate para establecer mecanismos que estabilicen la economía a partir de la dinamización de la actividad productiva y la generación de empleo.
Hay al menos tres factores que deben tomarse en cuenta y que han sido ignorados en el programa vigente: el aumento de los precios de los minerales y otras materias primas, que ya ha contribuido a generar un superávit en la balanza comercial de este año; la existencia de una gran cantidad de pequeños productores con voluntad de trabajo y capacidad de adaptación; y la importante masa de ahorros que los hogares y las empresas mantienen fuera del sistema financiero por no confiar plenamente en él.
Aprovechar estas oportunidades requiere movilizar la capacidad de trabajo y los recursos financieros de los bolivianos, utilizando mejor al sistema financiero que todavía sigue siendo sólido y eficaz. Ello solamente será posible si se restablece la confianza en las instituciones, en las normas y en la moneda, mediante un programa que dé certidumbre y no deje para mañana lo que debe comenzar a hacerse hoy. Esto implicará alejarse del estatismo del MAS tanto como de la ortodoxia macroeconómica que rechaza el debate apelando al consenso con el argumento de que “todos lo hacen así”.