Traducir al Estado: Sobre el lenguaje de lo público
En la sala de redacción con frecuencia me detengo a investigar palabras que escuchamos a diario: «superávit», «asfixia fiscal», «seguridad jurídica». Las oímos de ministros, analistas y colegas con la naturalidad de quien habla de algo conocido. Sin embargo, más de una vez he tenido que volver sobre un término para entenderlo y encontrar la manera de explicarlo, porque detrás de esas palabras, que parecen pertenecer únicamente a los especialistas, hay decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Entonces me pregunto: ¿cómo acercar ese lenguaje a quienes no están familiarizados con él?
Anthony Giddens explicó cómo nuestras sociedades dependen de sistemas expertos cuyo funcionamiento no siempre comprendemos. Muchas decisiones cotidianas descansan en conocimientos que no dominamos, pero en los que nos toca confiar. El Estado también forma parte de esa realidad: sus decisiones se apoyan en normas y conceptos técnicos que no siempre son fáciles de entender.
En mi ejercicio periodístico voy entendiendo que transmitir información no consiste en repetir lo que dice una autoridad o un especialista, ni en acortar una frase compleja para simplificarla. Un término económico o una disposición legal pueden parecer lejanos hasta que entendemos cómo influyen en nuestra vida. El desafío está en encontrar las palabras adecuadas y, antes de eso, en saber qué preguntar.
Pero entre coberturas y conferencias hay otra pregunta que me acompaña: ¿qué ocurre con nuestra responsabilidad de comprender? Solemos exigir explicaciones a las autoridades, y con razón. Sin embargo, ¿qué pasa cuando informarnos requiere más tiempo y esfuerzo del que estamos dispuestos a dedicar?
Anthony Downs ayuda a pensar esta cuestión con el concepto de ignorancia racional. Informarse tiene un costo: requiere tiempo, atención y esfuerzo. Además, una persona puede considerar que su capacidad individual para influir en las decisiones políticas es demasiado limitada como para justificar ese esfuerzo. Así, termina dedicando poco tiempo a asuntos que parecen complicados o ajenos a sus preocupaciones inmediatas.
Esto no significa que las personas no se interesen por lo que ocurre a su alrededor. El problema aparece cuando esa distancia se vuelve habitual y dejamos de preguntarnos cómo se toman las decisiones que afectan nuestra vida. Una sociedad en la que pocos comprenden los asuntos públicos puede perder la capacidad de preguntar y de exigir argumentos.
No hace falta leer cada documento oficial ni dominar todos los términos económicos, pero conviene no rendirse ante el «no entiendo». Una cosa es no saber; otra, creer que no vale la pena saber.
Hoy recibimos información a una velocidad sorprendente: titulares, explicaciones que caben en segundos de TikTok. Acercan los temas, sí, pero muchas veces los dejan a medio entender. Sobre todo cuando compartimos sin contrastar o descartamos lo que pide más atención.
Por eso, traducir al Estado no significa únicamente simplificar su lenguaje: consiste en acercar las decisiones públicas a la experiencia cotidiana sin quitarles precisión ni profundidad. Las instituciones deben explicar sus decisiones; quienes ejercemos el periodismo tenemos la tarea de entender antes de comunicar, para facilitar la comprensión sin renunciar al rigor. Y una ciudadanía que pregunta y analiza contribuye a que los asuntos públicos no queden reservados a quienes dominan su lenguaje.
Decir «no entiendo» es legítimo. Lo que se vuelve cómodo es quedarse ahí sin hacer más preguntas.
Hay temas y palabras que exigen volver a estudiar. No se trata de repetir lo que escuchamos ni de dar por hecho que entender es tarea de otros. Comprender lo público no debería ser un privilegio, ni algo que dejemos siempre en manos de los demás.