Gobierno
Paz afirma que su familia está en riesgo por decisiones contra los Marset y el crimen organizado
El presidente Rodrigo Paz afirmó que su familia está en riesgo por las decisiones que tomó contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y otros grupos criminales. La declaración fue realizada este lunes durante la promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.
“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia”, manifestó el mandatario, quien también se refirió a las amenazas que enfrentan los administradores de justicia, especialmente aquellos que trabajan en regiones fronterizas y alejadas.
Paz señaló que los jueces pueden verse presionados por organizaciones criminales mediante amenazas que buscan influir en sus resoluciones judiciales. “Cuando el juez se encuentra indefenso ni siquiera tienen que venir a chantajearle nada o venir a ofrecerle algo, solo con la amenaza ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia”, sostuvo.
El mandatario advirtió que el uso de armas de grueso calibre y las intimidaciones pueden condicionar las decisiones de los jueces. “Imagínense, ante esa mafias que utilizan armas de grueso calibre, no tienen ni que irles a ofrecer algo, solo les dicen ‘hacé la sentencia que quiero que hagas porque si no tu vida corre peligro’”, afirmó.
En ese contexto, Paz remarcó que las amenazas del crimen organizado no deben determinar las sentencias en el país y pidió a los operadores de justicia que puedan ejercer sus funciones con libertad y protección. “Ustedes tiene que sentirse libres, defendidos”, expresó.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que existen amenazas contra la familia presidencial y aseguró que se realizan las investigaciones correspondientes. “Yo no quiero decir nada, hasta que tengamos evidencias serias que podamos transmitir”, señaló.
La declaración de Paz se produce después de que, la semana pasada, denunciara haber recibido amenazas de muerte tras la captura de un presunto cabecilla del grupo criminal brasileño Primer Comando da Capital (PCC).
En esa oportunidad, el presidente cuestionó las debilidades institucionales para proteger a la población y mencionó al Ministerio Público y a algunos miembros de la Justicia, aunque reconoció que existen operadores que, pese a las dificultades, intentan cumplir con sus responsabilidades.