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Alianza Popular rechaza lista de EEUU y sostiene que se debe respetar la soberanía boliviana
Alianza Popular se pronunció luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una nueva lista de ciudadanos bolivianos “desvisados”, a quienes Washington les restringió las visas. La fuerza política rechazó “la politización y la injerencia” de gobiernos extranjeros. Además, señaló que cualquier denuncia debe respetar la soberanía boliviana.
“En el marco del Estado Social de Derecho y Constitución Política del Estado, nuestra bancada reafirma que Bolivia se rige por sus propias leyes y soberanía jurídica. Por lo tanto, rechazamos la politización e instrumentalización interna de decisiones unilaterales de gobiernos extranjeros incluyendo la revocación o restricción de visados a ciudadanos bolivianos”, se lee en el comunicado de Alianza Popular.
La organización política sostuvo que cualquier denuncia u observación contra un ciudadano boliviano debe ser procesada por las vías establecidas en la Constitución y las leyes nacionales, respetando el debido proceso. Además, aclaró que esa posición no significa eximir de responsabilidad a quienes eventualmente hayan cometido irregularidades.
“Todo ciudadano, sin distinción alguna, está en la obligación de responder por sus actos y asumir sus responsabilidades de manera individual”, señala el pronunciamiento.
Agregó que el frente continuará desarrollando sus actividades dentro de la Asamblea Legislativa y que mantendrá su trabajo de fiscalización. “Nuestra bancada parlamentaria se mantiene trabajando inquebrantablemente en sus responsabilidades legislativas y firmes al servicio de los intereses del pueblo boliviano”, indica el documento.
La postura se conoció después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera una nueva nómina de personas a quienes les restringió las visas. La lista incluye a 15 ciudadanos identificados públicamente, entre ellos el diputado Rolando Santos Pacheco Chávez, legislador de esa alianza.
Estados Unidos informó que las nuevas restricciones alcanzan en total a 40 personas, aunque solo hizo públicos 15 nombres. Según Washington, las medidas forman parte de una política dirigida contra extranjeros vinculados, de acuerdo con sus señalamientos, a hechos de corrupción o narcotráfico.