Proceso
Investigación contra Evo y García Linera solo espera datos de domicilios y niegan devolución del caso
La proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades contra Evo Morales y Álvaro García Linera no tiene observaciones; únicamente se solicitó a la Fiscalía que informe sobre los domicilios procesales de los acusados. Una vez que se cuente con esos datos, comenzará la investigación por el caso "Hotel Las Américas" o "Terrorismo", informó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Eduardo Ortega.
"Lo único que ha hecho la Sala Penal del TSJ en este momento es solicitar al Ministerio Público que se nos informe los domicilios procesales tanto del señor Evo Morales Ayma como del señor Álvaro García Linera", explicó la autoridad, en contraposición a su colega Norma Velasco, quien el 22 de octubre afirmó que el caso había sido devuelto a la Fiscalía para subsanar observaciones de forma.
Morales permanece "atrincherado", con un fuerte resguardo de sus bases en el trópico de Cochabamba (Chapare), desde noviembre de 2024, con el fin de evitar su detención por dos procesos pendientes: uno por trata y tráfico de personas y otro por el bloqueo de caminos de 53 días. En tanto, García Linera mantiene un perfil bajo y se conoce que reside en la ciudad de La Paz.
Ortega, magistrado encargado del caso, aclaró que el expediente no fue devuelto a la Fiscalía, sino que solo se requirió información sobre los domicilios procesales de ambos acusados para que sean notificados legalmente en las siguientes etapas de la investigación sobre los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz.
Aquella madrugada, una intervención policial acabó con la vida del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, identificado como cabecilla del presunto grupo irregular, así como del húngaro Árpád Magyarosi y del irlandés Michael Dwyer. Sobrevivieron al operativo el húngaro Elod Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic.
El 9 de septiembre, legisladores de la alianza Libre, del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, presentaron la proposición acusatoria para solicitar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera por los hechos del Hotel Las Américas.
La demanda se fundamenta en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que la madrugada del 16 de abril de 2009 se registraron ejecuciones extrajudiciales durante el operativo policial contra una presunta célula terrorista.
Una vez que se facilite la información sobre los domicilios procesales de los acusados, se activará la fase de investigación preliminar contra ambos exmandatarios. De acuerdo con el procedimiento, una vez sustanciada la causa, la Fiscalía General del Estado deberá remitirla al Tribunal Supremo de Justicia, que enviará los antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta instancia será la encargada de autorizar o rechazar el inicio efectivo del juicio de responsabilidades por dos tercios de votos.
Una vez autorizado el proceso, el Tribunal Supremo de Justicia "se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la presidenta o presidente y/o vicepresidenta o vicepresidente, sin recurso ulterior", establece el parágrafo I del artículo 18 de la Ley de Juicio de Responsabilidades.
El caso Terrorismo terminó por desarticular a la cúpula empresarial, cívica y política del departamento de Santa Cruz. Durante el mandato de Jeanine Áñez, el Gobierno —que figuraba como principal acusador— se apartó del proceso iniciado en 2009, tras lo cual la Fiscalía archivó y cerró la investigación.
Este tipo de procesos contra exmandatarios y altas autoridades tiene un orden de prelación para su tratamiento en el Legislativo, donde actualmente hay más de 20 casos a la espera de viabilidad. En esa línea, los legisladores aguardan la aprobación de una reforma a la ley de juicios de responsabilidades para incorporar una instancia de apelación.