Investigación
Novillo fue aprehendido por el “caso radares” y espera su audiencia cautelar; dice que es inocente y que presentó todos sus descargos
El exministro de Defensa Edmundo Novillo, quien desempeñó el cargo entre 2020 y 2025, durante la administración del expresidente Luis Arce, fue aprehendido esta tarde, después de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía Departamental de La Paz por el “caso radares”.
La exautoridad llegó cerca de las 12:40 para prestar su declaración de manera voluntaria y, alrededor de las 15:30, salió escoltada por efectivos policiales, quienes la trasladaron a las celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
“Yo soy inocente, he presentado todos los descargos (…) he presentado las pruebas legales y documentales (…) es injusta la aprehensión (…) me parece que como es un informe circunstanciado, me parece forzado (…) me he presentado voluntariamente por respeto a la justicia y, por eso estoy aquí”, declaró al salir de la audiencia, custodiado por policías.
Novillo es investigado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, junto con los exministros de Defensa de las dos gestiones de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Reymi Ferreira, Javier Zabaleta y Fernando López. Este último desempeñó el cargo durante el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez.
La acusación contra estas exautoridades es por un presunto daño económico al Estado de más de Bs 1.478 millones en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta) y por la compra de 13 radares franceses.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó la denuncia el pasado 16 de octubre, junto con el procurador del Estado, Hugo León, contra 19 exfuncionarios, entre ellos cuatro exministros de Defensa.
Justiniano explicó que el contrato original, suscrito en 2016 con la empresa francesa Thales, establecía un plazo de 31 meses para la entrega del sistema. Sin embargo, las pruebas se realizaron 82 meses después, periodo en el que, además, se firmaron siete contratos modificatorios. La demostración final se efectuó 98 meses después de la firma del primer documento, informó EFE.
La autoridad precisó que, de los 13 radares del Sidacta, solo dos estaban operativos, otros dos no funcionaban y nueve presentaban observaciones, por lo que tampoco estaban operativos.
Justiniano informó que el proyecto tenía la modalidad de “llave en mano”, es decir, que el Estado boliviano debía recibir “un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, lo cual no ocurrió.
Por su parte, el procurador del Estado dijo que la denuncia se presentó por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El 23 de agosto de 2016, el entonces ministro Ferreira destacó el proyecto destinado a la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el control de los parques nacionales.
"Se va a detectar y combatir los hechos ilícitos, narcotráfico, contrabando, instrucción al espacio aéreo, vuelos no autorizados y asegurar la protección del territorio”, afirmó, según declaraciones publicadas en Los Tiempos.
Además, manifestó que el sistema iba a mejorar la seguridad de los vuelos comerciales y optimizar los servicios de gestión del tráfico aéreo, y que sería una herramienta para la seguridad militar del país.
En agosto de 2016, el entonces Gobierno de Morales contrató a Thales para que instalara un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares (196 millones de euros).
Hace tres años, el entonces ministro Novillo informó que el sistema de radares funcionaba “al cien por ciento”, por lo que anunció el inicio de una transición para la utilización de esos equipos en la lucha contra el narcotráfico y el control de la aviación civil comercial, acciones que hasta la fecha no se realizan.
Cinco días después, el Ministerio Público anunció que ingresaría al sistema Sidacta para realizar una inspección ocular y colectar indicios, en el marco de la investigación iniciada a denuncia del Ministerio de Defensa y otras instituciones estatales.
El requerimiento fiscal, emitido el 21 de octubre, solicita el ingreso de fiscales e investigadores, además de personal técnico que facilite el acceso a ambientes, archivos, equipos y documentación.
El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el proyecto de radares contratado en 2016 con la empresa francesa Thales por más de 191 millones de euros. Según los antecedentes de la denuncia, el presunto daño económico al Estado supera los Bs 1.478 millones.
La inspección busca obtener elementos de convicción para avanzar en la investigación. La denuncia no implica que los investigados sean culpables.
Zabaleta se pronunció sobre el caso y argumentó que el tema es técnico: “si los radares no están funcionando, alguien tiene que demostrar, por qué un exministro tiene la culpa”.
Por su parte, López argumentó que, debido al retraso provocado por la pandemia de COVID-19 y los conflictos sociales, se tuvo que hacer una adenda porque los plazos ya no se iban a poder cumplir. “No encuentro dónde está el delito, porque nosotros no manejamos ningún tipo de presupuesto adicional ni muchos menos”, afirmó.
Mientras que Ferreira anunció que estaba dispuesto a someterse a la investigación y, espero que haya un debido proceso y si al final un fiscal decide llevarnos presos, voy a ir preso, no tengo ningún problema.