Checkes and balances
Frenos y contrapesos
Alexis de Tocqueville escribió en La democracia en América que uno de los mayores atributos del sistema político estadounidense residía en la distribución del poder y en la capacidad de sus instituciones para limitarse mutuamente. No le impresionaba solamente la existencia de elecciones libres, sino la arquitectura institucional que impedía que una mayoría circunstancial pudiera convertirse en dueña absoluta del Estado. La democracia, entendió tempranamente el pensador francés, necesitaba algo más que gobernantes elegidos. Necesitaba límites al poder.
Las elecciones de medio término celebradas ayer en Estados Unidos constituyen una demostración particularmente significativa de esa vieja premisa. Donald Trump acaba de recibir una de las derrotas electorales más contundentes de su trayectoria política. Los demócratas conquistaron el control de ambas cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, y consiguieron avances importantes en territorios que hasta hace muy poco parecían inexpugnables para el Partido Republicano. El resultado representa un severo voto de censura a la gestión presidencial y, sobre todo, una advertencia sobre los límites de la voluntad de un mandatario que ha convertido la confrontación, la personalización del poder y el cuestionamiento de los contrapesos institucionales en rasgos centrales de su manera de gobernar.
No se trata de una derrota menor ni de un simple ajuste en la correlación parlamentaria. Los primeros resultados muestran que los demócratas consiguieron al menos siete escaños adicionales en el Senado y más de dos decenas en la Cámara de Representantes, con victorias especialmente relevantes en estados tradicionalmente republicanos. Kansas, Texas, Ohio y Carolina del Sur figuran entre los territorios donde el desplazamiento electoral adquiere una significación política extraordinaria. También avanzaron en las gobernaciones y legislaturas estatales. La magnitud del resultado permite hablar de un rechazo extendido a la conducción de Trump, aunque todavía sea necesario completar el escrutinio para establecer el balance definitivo de cada contienda.
La explicación no está en una sola causa. El costo de vida, la percepción de deterioro económico, la guerra con Irán, la política arancelaria y las controversias sobre la conducta del Gobierno confluyeron en un malestar que terminó expresándose en las urnas. Una parte del electorado que había acompañado a Trump en 2024 decidió retirarle su confianza. Esa es, precisamente, una de las características más saludables de una democracia competitiva. El voto no constituye un cheque en blanco ni una adhesión irrevocable. Es un mandato sujeto a evaluación y, llegado el momento, revocación.
La división de poderes no fue concebida como una formalidad jurídica, sino como un mecanismo de protección frente a la concentración de autoridad. En ese diseño, el Congreso no es una oficina auxiliar de la Casa Blanca ni una instancia destinada a convalidar las decisiones presidenciales. Es un poder independiente, con atribuciones propias y capacidad efectiva para fiscalizar, condicionar y, llegado el caso, impedir determinadas decisiones del Ejecutivo.
Eso es precisamente lo que cambia a partir de ahora. Trump tendrá que gobernar durante los dos últimos años de su mandato con un Congreso controlado por sus adversarios. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas, condicionar el presupuesto, rechazar nombramientos y activar investigaciones parlamentarias sobre la actuación del Gobierno. La Cámara de Representantes recuperará, además, una de sus funciones más importantes, la fiscalización del Ejecutivo. No es difícil imaginar que las investigaciones sobre el comportamiento de funcionarios, los conflictos de interés, las decisiones administrativas y el manejo de la política exterior ocuparán buena parte de la agenda legislativa.
El presidente conserva, naturalmente, facultades constitucionales importantes. Puede vetar leyes, dirigir la administración federal y ejercer amplias atribuciones en política exterior y defensa. Pero el escenario ha cambiado sustancialmente. Una cosa es disponer de un Congreso aliado que facilita la ejecución de una agenda presidencial y otra muy distinta tener enfrente dos cámaras dispuestas a examinar cada decisión. El veto presidencial tampoco resuelve el problema, porque gobernar no consiste exclusivamente en impedir que otros gobiernen. También exige construir acuerdos y conseguir mayorías.
La derrota tiene, además, una dimensión que trasciende la política doméstica. La política exterior estadounidense ha estado marcada durante la presidencia de Trump por una combinación de unilateralismo, presión comercial, imprevisibilidad diplomática y utilización de la fuerza como instrumento de negociación. Sus relaciones con Europa, la OTAN, Ucrania, China y los países de Oriente Medio han estado sometidas a constantes cambios de orientación y a una diplomacia que privilegia la relación personal entre mandatarios por encima de los compromisos institucionales de largo plazo.
La nueva composición del Congreso no significa que Estados Unidos vaya a modificar automáticamente sus posiciones internacionales. El presidente conserva importantes atribuciones en materia de seguridad nacional y relaciones exteriores, y sería ingenuo suponer que una mayoría demócrata puede deshacer por sí sola las decisiones de la Casa Blanca. Sin embargo, la capacidad de Trump para comprometer recursos, sostener operaciones militares, imponer determinadas prioridades presupuestarias y mantener una política exterior sin escrutinio se verá considerablemente reducida. La guerra con Irán, que ha sido uno de los factores de desgaste electoral para los republicanos, será inevitablemente objeto de mayor vigilancia legislativa.
También habrá consecuencias en materia comercial. Las políticas arancelarias, utilizadas por Trump como instrumento de presión sobre aliados y adversarios, encontrarán una oposición parlamentaria más organizada. Aunque el presidente dispone de mecanismos legales para actuar sin autorización previa del Congreso en determinadas circunstancias, las audiencias, las investigaciones y el control presupuestario pueden elevar significativamente el costo político de sus decisiones. Para los socios comerciales de Washington, esto introduce un elemento de mayor previsibilidad institucional, aunque no necesariamente de estabilidad inmediata.
En América Latina, donde la relación con Estados Unidos suele estar condicionada por los cambios de humor de la política de Washington, el resultado merece especial atención. Los gobiernos de la región tendrán que comprender que la política estadounidense no se agota en la figura presidencial. Las relaciones comerciales, la cooperación en seguridad, las políticas migratorias y los compromisos diplomáticos están atravesados por una compleja red de instituciones y competencias. Una Casa Blanca con menor margen de maniobra no equivale a un Estados Unidos ausente, pero sí a uno en el que las decisiones presidenciales tendrán mayores dificultades para imponerse sin discusión.
Hay otra consecuencia que no conviene subestimar. El resultado electoral constituye una señal temprana para la carrera presidencial de 2028. Los republicanos tendrán que preguntarse si el trumpismo sigue siendo una fórmula electoral competitiva o si su capacidad de movilización ha comenzado a encontrar límites. Los demócratas, por su parte, deberán demostrar que son capaces de convertir una victoria defensiva en una alternativa de gobierno. Ganar elecciones aprovechando el desgaste del adversario no es lo mismo que construir una mayoría social estable. La oposición tiene ahora una responsabilidad que hasta ayer podía eludir.
Pero quizá la lección más importante de esta jornada no tenga que ver con Trump ni con los demócratas. Tiene que ver con la fortaleza institucional de la democracia estadounidense, puesta a prueba durante estos últimos años por una polarización extraordinaria, cuestionamientos a la legitimidad de los procesos electorales, presiones sobre las instituciones y una personalización del poder que ha desbordado los límites habituales de la política norteamericana.
Robert Dahl, uno de los grandes estudiosos de la democracia contemporánea, insistía en que la competencia efectiva por el poder y la posibilidad real de alternancia constituyen condiciones indispensables de un régimen democrático. No basta con celebrar elecciones. Es necesario que sus resultados tengan consecuencias y que quienes gobiernan sepan que pueden perder el respaldo ciudadano. Lo ocurrido ayer demuestra que, pese a sus tensiones y contradicciones, el sistema estadounidense conserva una capacidad de corrección que muchos daban por debilitada.
Conviene, sin embargo, evitar una lectura triunfalista. La democracia norteamericana no ha resuelto sus problemas de polarización, desigualdad, radicalización política ni desconfianza institucional. Tampoco ha desaparecido el trumpismo, que cuenta con una base electoral considerable y mantiene una influencia profunda sobre el Partido Republicano. Una derrota parlamentaria no equivale a una derrota cultural ni garantiza una recomposición inmediata del sistema político. El país seguirá profundamente dividido y los próximos dos años pueden ser particularmente conflictivos.
La democracia, como advertía Tocqueville, no se sostiene únicamente en las leyes, sino también en las costumbres, en la cultura política y en la disposición de los ciudadanos a aceptar límites al ejercicio del poder. Esa es una distinción fundamental. Las instituciones pueden estar bien diseñadas, pero necesitan actores dispuestos a respetarlas y una ciudadanía capaz de defenderlas.
Lo sucedido en Estados Unidos tiene, por eso, un significado que trasciende sus fronteras. En un tiempo en el que proliferan liderazgos personalistas que confunden la victoria electoral con una autorización para gobernar sin restricciones, los votantes estadounidenses han recordado que elegir un presidente no significa entregarle todas las llaves del Estado. La legitimidad de origen no sustituye la legitimidad de ejercicio y ninguna mayoría electoral convierte al poder en propietario de las instituciones.
El título de este artículo recoge una expresión habitual en el constitucionalismo anglosajón, checks and balances. Frenos y contrapesos. No es una sofisticación jurídica ni una fórmula retórica. Es una de las condiciones esenciales para que la democracia sobreviva a sus propios gobernantes.
Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 creyendo que había recibido un mandato para transformar radicalmente el país. Ayer, los estadounidenses le recordaron que ese mandato tiene límites, que el poder se comparte y que las urnas no solamente sirven para elegir a quienes gobiernan. También sirven para ponerles freno.
Y esa, probablemente, sea una de las mejores noticias para la democracia en estos tiempos.