Breve análisis de las propuestas de reforma a la Constitución Política del Estado de Bolivia
La reforma de la Constitución Política del Estado de Bolivia constituye una necesidad para fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar la independencia de los órganos del poder público y mejorar la administración de justicia. Si bien la Constitución de 2009 reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, uno de los principales desafíos radica en asegurar su cumplimiento efectivo mediante instituciones independientes, eficientes y transparentes.
La justicia boliviana atraviesa una profunda crisis institucional caracterizada por la injerencia política, la corrupción, la falta de meritocracia, la insuficiencia presupuestaria y las deficiencias en la selección de autoridades judiciales. Estos problemas debilitan la confianza ciudadana y afectan directamente el acceso a una justicia pronta, oportuna e imparcial.
Uno de los aspectos centrales del debate constitucional es el sistema de elección de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Las elecciones judiciales de 2011 y 2017 evidenciaron dificultades de legitimidad, reflejadas en los elevados porcentajes de votos blancos y nulos. Asimismo, la influencia política en la preselección de candidatos comprometió la independencia judicial.
Esta situación se agravó con la falta de elecciones judiciales en 2023 y la posterior prórroga de mandatos mediante la Declaración Constitucional 0049/2023, decisión que generó cuestionamientos sobre su constitucionalidad y legitimidad institucional.
Frente a esta problemática, un grupo de abogados, denominados Juristas Independientes plantean una reforma del sistema judicial basada en la transparencia, la meritocracia y la participación ciudadana. Proponen la creación de una Comisión independiente de Postulaciones, integrado por representantes: un parlamentario por mayorías y minorías de las diferentes fuerzas del Asamblea legislativa, representantes de universidades, colegios profesionales, sociedad civil y pueblos indígena originarios campesinos. Esta instancia evaluaría la capacidad profesional, formación académica, integridad e idoneidad ética de los postulantes y enviara ternas de los seleccionados a la Asamblea legislativa plurinacional.
La propuesta contempla la participación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la elección de los postulantes, mediante una mayoría de dos tercios y un mecanismo de ratificación popular, (referéndum) con el propósito de fortalecer la legitimidad de las autoridades judiciales.
Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento de la carrera judicial mediante concursos públicos, formación especializada, estabilidad laboral y evaluaciones objetivas. La Escuela de Jueces debe desempeñar un papel central en la formación de profesionales competentes e independientes.
Asimismo, se propone garantizar constitucionalmente al menos el 3 % del presupuesto estatal para la administración de justicia, destinado a incrementar el número de jueces, mejorar las remuneraciones, fortalecer la infraestructura, ampliar la capacitación y modernizar los servicios judiciales.
La reforma también comprende al Ministerio Público, particularmente el procedimiento de designación del fiscal general del Estado, que debería responder a criterios de mérito, transparencia, participación ciudadana e independencia respecto de los poderes políticos.
Por otra parte, la propuesta atribuida a Libre contempla modificaciones a la estructura y organización funcional del Estado. Entre sus principales planteamientos se encuentran la elección de las máximas autoridades judiciales por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la supresión del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, y la transferencia de sus funciones al Tribunal Supremo de Justicia mediante instancias especializadas.
Estas modificaciones alcanzarían, entre otros, a los artículos 158, 159, 182, 183 y 193 al 199 de la Constitución, incluyendo una redefinición de las competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Desde una perspectiva jurídico-constitucional, el documento, aunque no lo señala claramente, implicaría la eliminación del voto popular para elegir magistrados podría conducir a una reforma total de la Constitución, conforme al artículo 411, por afectar derechos fundamentales vinculados con la participación política. Esta conclusión plantea la necesidad de determinar cuidadosamente el procedimiento constitucional aplicable.
En materia de justicia constitucional, se plantea delimitar las competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional para evitar intervenciones que excedan la protección de los derechos fundamentales, preservando su función de interpretación y control constitucional.
En conclusión, la reforma constitucional debe orientarse prioritariamente a despolitizar la justicia, garantizar la independencia judicial, fortalecer la carrera judicial, asegurar recursos suficientes y establecer procedimientos transparentes de selección de autoridades. La participación de la sociedad civil, las universidades y los colegios profesionales resulta fundamental para construir un sistema judicial legítimo y eficiente.
El objetivo esencial de la reforma no debe limitarse a modificar las instituciones, sino garantizar una justicia independiente, accesible y eficaz, capaz de proteger los derechos fundamentales y fortalecer el Estado constitucional de derecho en Bolivia.