La mirada del escritor
El exilio de la toga
La salida anunciada de Romer Saucedo, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, constituye un episodio relevante para comprender la relación entre política y justicia en Bolivia. Su denuncia de persecución política, junto con la orden de aprehensión emitida en su contra, abre un debate que trasciende su situación individual: ¿qué tan independientes son las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley?
Desde una perspectiva jurídica, debemos distinguir entre responsabilidad penal y responsabilidad política. La primera exige hechos demostrados, pruebas legalmente obtenidas y una decisión judicial fundamentada. La segunda se refiere también a las consecuencias institucionales de las actuaciones de quienes ejercen cargos públicos.
El artículo 116 de la Constitución Política del Estado reconoce la presunción de inocencia y el artículo 115 garantiza el debido proceso. Por ello, una orden de aprehensión no demuestra culpabilidad. Pero tampoco una denuncia de persecución política invalida, por sí sola, una investigación del Ministerio Público. Ambas posiciones deben someterse a verificación y control judicial.
El caso es especialmente delicado porque involucra a quien presidía el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Que una autoridad de esa jerarquía denuncie falta de garantías en el sistema del que formaba parte plantea una contradicción institucional. Esa denuncia debe investigarse, sin asumir de antemano que es verdadera ni descartarla por conveniencia política.
El artículo 178 constitucional establece la independencia, imparcialidad y seguridad jurídica como principios de la administración de justicia. Sin embargo, esos principios pierden eficacia cuando la discusión pública sustituye las pruebas por posiciones partidarias. En Bolivia, las controversias judiciales que involucran a altas autoridades suelen transformarse rápidamente en conflictos políticos, con el riesgo de anticipar condenas o justificar privilegios.
Conviene subrayar que la independencia judicial no implica inmunidad penal. Un magistrado puede ser investigado y, si corresponde, procesado conforme a derecho. Al mismo tiempo, ningún gobierno puede utilizar el proceso penal como mecanismo de presión o represalia. La legalidad exige límites para ambos extremos.
La designación temporal de Rosmery Ruiz al frente del Tribunal Supremo de Justicia permite preservar la continuidad institucional, pero el reemplazo de una autoridad no resuelve los problemas estructurales del sistema. La credibilidad judicial requiere procedimientos transparentes, decisiones motivadas y controles efectivos sobre el ejercicio del poder.
Considero que Bolivia debe dejar atrás dos respuestas igualmente insuficientes: declarar perseguida a toda autoridad investigada o considerar culpable a cualquiera que sea objeto de una acusación. La justicia no puede depender del cargo, de la afinidad política ni del gobierno de turno.
El asunto de fondo no es únicamente dónde se encuentra Saucedo, sino si el Estado boliviano será capaz de esclarecer los hechos con independencia y respeto al debido proceso. Esa es la verdadera prueba de una institucionalidad democrática.