Estructura judicial
Los casos Mariaca y Saucedo evidencian que la justicia atraviesa su peor momento; expertos dicen que cayó “a lo más bajo”
El sistema judicial, del que se esperaba que ingresara en una etapa de reforma, está en su peor momento. Así lo demuestra, según el analista constitucional Arturo Yáñez, la aprehensión del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el exilio al que se declaró el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. Según el jurista y el analista Paúl Coca, la justicia cayó “en lo más bajo” de lo que se podría imaginar.
Yáñez sostuvo que la justicia “está más debajo de la lona” por todo lo que sucedió en los últimos días, en referencia al caso Saucedo. “Ya estábamos en la lona y con estas últimas novedades obviamente estamos aún peor, más debajo de la lona. Jorge Luis Borges decía nunca se sabe qué tan más bajo se puede caer y eso es lo que estamos viendo con el sistema judicial del país”, afirmó.
Crimen organizado y justicia
El jurista manifestó que el sistema judicial recibió dos golpes de realidad que dejaron en evidencia que el crimen organizado penetró en la justicia. El primero fue la aprehensión de Mariaca, ocurrida el 30 de septiembre, y el segundo, el exilio de Saucedo, quien denunció persecución.
“Tenemos al exfiscal General del Estado detenido, imputado por conexiones con narcotráfico y ahora tenemos al presidente del TSJ en una situación similar, acusado por esos delitos; o sea, tenemos a las máximas autoridades judiciales en temas y con vínculos a ilícitos. Eso significa que el sistema judicial ha sido penetrado por el crimen organizado y esto se está confirmando en todas sus letras. Es decir, Bolivia es un narcoestado, está profundamente penetrado por la delincuencia organizada, transnacional, capitaneada en este caso por el narcotráfico”, afirmó Yáñez.
Mariaca fue aprehendido el 30 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru y, el 3 de octubre, la Justicia dispuso seis meses de detención preventiva por el caso de presunta organización criminal y protección al narcotráfico. Un día después, el 4 de octubre, recibió una segunda detención preventiva en el marco de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
En el caso de Saucedo, este se declaró en el exilio y, en un mensaje publicado en sus redes sociales, indicó que “Bolivia dejó de ser un país seguro”. Afirmó que su vida y la de su familia corren peligro.
“Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte.”, se lee en el mensaje que dejó en sus redes sociales.
Tras esa publicación, se conoció que la Fiscalía había emitido una orden de aprehensión contra Saucedo un día antes de su huida, por su presunta vinculación con los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, según consta en un documento fechado el 3 de noviembre.
“Se ha librado la orden, está corriendo. Es efectiva la orden y la han dado los fiscales del caso”, sostuvo el fiscal general José Armando Urioste.
Para Coca, la salida de Saucedo del TSJ no cambiará la imagen deteriorada del sistema judicial, dado que este continúa sumido en la corrupción.
“La administración de justicia no mejorará o empeorará con la noticia de la salida de Saucedo, simple y llanamente, no cambiará. La administración de justicia sigue sumida en la corrupción, sigue sumida en lo que es la figura de que no hay mejoría, de que no va a mejorar. O sea que esta noticia, como se dice, es algo que no cambia las cosas. Porque nosotros sabemos cuál es el estado real de la administración de justicia. Ese es el tema importante acá”, declaró Coca.
¿Se puede reformar la justicia?
Yáñez afirmó que existe la posibilidad de reformar verdaderamente la justicia, pero sostuvo que actualmente no hay voluntad política para encaminar ese proceso, que, a su juicio, se ha quedado en discursos mediáticos.
“De que existe, existe, pero no hay voluntad política. Por ejemplo, Rodrigo Paz va a cumplir un año de presidente, ha discursado que va a cambiar el sistema de justicia y no pasa nada, los actuales magistrados electos ya van a estar prácticamente dos años, toditos han jurado por Dios, salvo que sean ateos, han jurado por Dios que iban a hacer la reforma del sistema de justicia y no lo han hecho, entonces no hay voluntad política”, indicó.
Por su parte, Coca sostuvo que, si se quiere reformar la administración de justicia, hay dos vías: “La reforma legal, modificando la ley 025 del Órgano Judicial, y la reforma constitucional. Fuera de eso no hay. Si queremos reformarlo, sería a corto plazo con la ley 025. A largo plazo sería una modificación constitucional, pero para eso se necesita voluntad política y actores comprometidos”.