Lo que no debemos callar
Un año y no pasa nada: Cuando la ineptitud es contagiosa y solo sangra Bolivia
Bolivia arrastra heridas históricas que nunca terminaran de cerrarse mientras tratemos al pueblo como ignorante y carente de memoria. Por eso, recuerdo hace algunos meses, en uno de mis artículos publicados a nivel nacional expresé: “Saludo desde el raciocinio más inocente de mi ser, deseando que las comisiones de la verdad logren descubrir, en verdad, lo que ha ocurrido con el uso de nuestros recursos económicos y con las instituciones ejecutoras más importantes del país durante los últimos veinte años”.
Hoy, después de un año de gobierno y con las supuestas comisiones de la verdad en funcionamiento, seguimos sin conocer los resultados concretos de las investigaciones sobre el destino de más de 55.000 millones de dólares, que todos nosotros tendremos que pagar. De este monto, aproximadamente 15.000 millones de dólares corresponden a inversiones en carreteras, muchas de las cuales requieren intervenciones urgentes debido a las deficiencias en su ejecución y al cuestionable y reprochable control y seguimiento contractuales.
Lamentablemente, hoy estamos peor que hace un año. Nos sentimos desmoralizados, indignados e impotentes. Lo más preocupante es que no vemos una luz al final del túnel. Seguimos en tinieblas y, mientras tanto, nos piden que celebremos la aprobación nuevos créditos para construir más carreteras, sin haber comprendido todavía que seguimos tropezando con el mismo pie y la misma piedra.
Con el mismo pie, porque la institución que debería impulsar los cambios trascendentales de la cultura de construcción de carreteras en nuestro país, la Administradora Boliviana de carreteras (ABC), no parece comprender la magnitud de la crisis institucional que enfrenta ni las transformaciones que necesita. Quieren cosechar trigo, pero siguen conviviendo con la cizaña. No basta con cambiar autoridades o anunciar nuevas políticas si se mantienen intactas las estructuras, las prácticas y los mecanismos que ocasionaron el deterioro institucional.
Los grandes cambios requieren grandes transformaciones; pero, para comenzar, hay que saber qué se quiere cambiar y tener la voluntad de hacerlo. El trigo y la cizaña pueden convivir en la misma sociedad; sin embargo, no tienen el mismo destino. Uno será separado y quemado y el otro irá al granero. Eso es lo que nos corresponde discernir: qué debemos preservar y qué debemos erradicar de nuestras instituciones.
Con la misma piedra, porque la corrupción parece haberse enraizado hasta en nuestros tuétanos. No es un problema de las últimas décadas, sino una práctica que arrastramos desde hace generaciones y que no se limita a las instituciones gubernamentales, también alcanza a distintos sectores de nuestro aparato productivo. No debemos olvidar que el cohecho es activo y pasivo es una espada de doble filo que, si no lastima a la entrada lo hace a la salida. Una relación de doble vía en la que quienes ofrecen o dan y quienes reciben o piden, terminan alimentando el mismo sistema de corrupción.
Esta realidad ha encontrado, demasiadas veces, mecanismos de protección en procedimientos de control y auditorias internas y externas que, aún cumpliendo formalmente sus objetivos documentales y administrativos, no siempre consiguen esclarecer las causas reales de las irregularidades ni establecer las responsabilidades correspondientes. El resultado es que todos parecen haber cumplido con los procedimientos, mientras el Estado termina siendo el gran perdedor.
Por eso, desde mi humilde condición de ciudadano de a pie y desde mi formación y experiencia profesional, había sugerido que las famosas comisiones de la verdad fueran más allá de la revisión del cumplimiento técnico-administrativo que aparece “en papeles”. Deben investigar el contexto integral de las contrataciones; examinar los procesos de licitación, contrastar la información con los participantes y establecer si existieron vicios ocultos, dolo, incumplimientos contractuales o decisiones que comprometieron la calidad de las obras.
No basta con una revisión documental ni con verificar las especificaciones técnicas y la conformidad de las partes. Se necesita una investigación científica y pericial que determine causas de las deficiencias encontradas y permita establecer las responsabilidades técnicas, contractuales y administrativas que correspondan.
Se requiere INGENIERIA FORENSE. Una investigación que no se limite a realizar un cuadro comparativo de lo que exigía el contrato y de lo que finalmente se ejecutó, porque seguramente estará “todo bien”. Hay que investigar qué ocurrió realmente durante la ejecución, por qué se produjeron las deficiencias, qué decisiones las ocasionaron y quiénes tenían la obligación de evitarlas y corregirlas.
La comisión de la verdad debe contar mínimamente con un DICTAMEN TÉCNICO PERICIAL QUE ESTABLEZCA CAUSAS Y RESPONSABILIDADES sustentado en evidencia verificable y emitido con independencia técnica. No necesitamos más informes que terminan archivados, necesitamos resultados que permitan adoptar decisiones y, cuando corresponda, activar los mecanismos legales para exigir responsabilidades. Bolivia no puede seguir esperando.
Pero hoy, un año después de haberle encargado a nuestro gobierno el esclarecimiento de semejante deterioro en la gestión y construcción de carreteras, seguimos sin conocer resultados que estén a la altura de las expectativas ciudadanas. Lo que observamos es una preocupante falta de capacidad de respuesta de las autoridades jerárquicas de la ABC y del Ministerio de Obras Públicas.
Sinceramente, me preguntaría muy seriamente si tiene sentido continuar comprometiendo recursos públicos y aprobando nuevos créditos para carreteras mientras se mantenga una estructura institucional anquilosada, con prácticas que han perjudicado a Bolivia los últimos 50 años; tal vez con la aclaración que los últimos 20 fueron los más funestos para la patria.
Entiendo que el gobierno pueda encontrarse condicionado por estructuras institucionales profundamente arraigadas, difíciles de transformar y que posiblemente tengan mecanismos de influencia en los niveles de decisión, pero gobernar también significa tener la capacidad de identificar esas estructuras, enfrentarles y sustituirlas cuando corresponda. No se puede pretender cambiar el rumbo del país trabajando con quienes no tienen la capacidad o la voluntad de hacerlo.