San Pedro

Dictan nueva detención preventiva de seis meses contra Franklin Flores por el caso "Emapa LGI"

El exgerente de la estatal de alimentos permanecerá en el penal de San Pedro por otro proceso penal, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas. La investigación está vinculada a un presunto daño económico de Bs 44 millones por el proyecto de una planta piscícola en el lago Titicaca.

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, recibió una nueva detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro, en La Paz. La medida fue dispuesta por el Juzgado 13 de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en el marco de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

La determinación se asumió durante una audiencia de medidas cautelares, en la que la Procuraduría General del Estado (PGE) y otras entidades estatales fundamentaron la probabilidad de autoría y los riesgos procesales atribuidos al exfuncionario, según un boletín oficial. 

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El proceso, denominado caso Emapa LGI, se desprende de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el proyecto «Implementación de Planta Piscícola en el Lago Titicaca», cuya ejecución habría ocasionado un daño económico de Bs 44 millones al Estado.

Según los antecedentes de la investigación, Flores habría realizado operaciones financieras y comerciales destinadas a ocultar el origen de recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita y de los que supuestamente se habría apropiado.

Con la nueva medida cautelar, el exgerente deberá permanecer otros seis meses en el recinto penitenciario de San Pedro, mientras el Ministerio Público profundiza las pesquisas durante la etapa preparatoria y reúne elementos para sustentar una eventual acusación formal.

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La autoridad judicial también fijó para el 24 de febrero de 2027 una audiencia de control de la situación jurídica del imputado.

La Procuraduría General del Estado participó en el proceso junto con otras carteras estatales, como parte de las acciones destinadas a defender el patrimonio público y establecer las posibles responsabilidades por el presunto daño económico.

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