Rompemuelles, irracionalidad, subvenciones y despilfarro
Mientras el debate nacional gira comprensiblemente en torno al peso fiscal de las subvenciones a los hidrocarburos y la urgente necesidad de racionalizar el consumo de carburantes, en nuestras ciudades ocurre exactamente lo contrario. Sin planificación ni rigor técnico, la proliferación indiscriminada de "rompemuelles" y resaltos viales se ha convertido en una fuente silenciosa pero masiva de desperdicio de combustible.
La física y la estadística internacional son contundentes al respecto. De acuerdo con agencias especializadas, los vehículos de combustión interna consumen de manera natural entre un 20% y un 40% más de combustible en entornos urbanos que en carretera abierta. Mientras en ruta el motor opera en una marcha sostenida por largos periodos, la dinámica urbana está dominada por el ciclo de "parar y partir", que al parar disipa toda la energía cinética (del movimiento) en las pastillas de freno, y al partir exige quemar mucho combustible en marchas bajas para recuperar el movimiento.
A este problema físico estructural, los municipios le suman un agravante artificial: los reductores de velocidad mal emplazados y excesivos. Por ejemplo, subir al aeropuerto de El Alto por las avenidas Mario Mercado y Zabaleta, o por Achocalla, obliga a un vehículo a detenerse casi por completo unas 50 veces, con más de 30 de ellas en subida. Cada rompemuelles fuerza un ciclo de aceleración que incrementa el consumo instantáneo de ese tramo entre un 35% y un 60% en comparación con mantener una velocidad constante.
Pero la irracionalidad de estos obstáculos es además extrema: están en las rutas principales para facilitar el acceso desde las rutas secundarias, en lugar, en todo caso, de obligar a quienes quieren entrar a las avenidas o autopistas, a parar por precaución antes de entrar a las avenidas.
Llevemos estos absurdos a los números macro del país. Según la ANH, Bolivia consume en promedio unos 13 millones de litros diarios de combustibles entre gasolina y diésel, lo que se traduce en más de 4.500 millones de litros al año. El parque automotor boliviano es abrumadoramente urbano en su operación cotidiana, por lo que someter a esa masa crítica de vehículos a dinámicas de frenado y aceleración artificial por culpa de rompemuelles, multiplica exponencialmente el consumo de los carburantes, justo donde el combustible ya es, de por sí, menos eficiente (áreas urbanas).
Si centramos la mirada en el parque automotor urbano y aplicamos una estimación conservadora —que los miles de rompemuelles y otros reductores de velocidad sin norma que los regule, añaden entre un 10% a 20% de sobreconsumo— el resultado alarma: hablamos de hasta 900 millones de litros de carburante improductivamente quemados cada año solo por esta causa. Al precio de $us 1,25 por litro, el desperdicio nos podría estar costando unos 1.150 millones de dólares al año.
En un país que enfrenta serios problemas fiscales por la importación de combustibles y la pesada carga de la subvención, quemar gasolina y diésel en aceleraciones estériles frente a unos obstáculos improvisados y ubicados arbitrariamente, deja de ser una medida inofensiva de "seguridad vial" para convertirse en un verdadero contrasentido económico.
Las alcaldías no pueden seguir gestionando el tráfico a golpe de rompemuelles destructivos, y menos dejar que los vecinos de una calle decidan por sí mismos dónde colocarlos. Es hora de un rediseño urbano inteligente, la semaforización sincronizada, la fiscalización técnica de los reductores, y la capacidad coercitiva para hacer que los conductores obedezcan las reglas básicas de tránsito y de velocidad.
El ahorro del costo del desperdicio de un año, que estimamos del orden de 1.000 millones de dólares, sería más que suficiente para poner la señalización y los sistemas de control vial en todo el país, al nivel del Siglo XXI.
Reitero, quemar semejante cantidad de combustible para superar los “frenos de asfalto” impuestos irracionalmente por la falta de sentido común en autoridades, vecinos y conductores, es un total absurdo regulatorio, fiscal y ambiental que Bolivia, simplemente, ya no se puede permitir.