García Linera justifica su asilo y dice que Evo ordenó el operativo del Hotel Las Américas, "no la muerte"

Desde México, el exvicepresidente Álvaro García Linera informó que ese país le restituyó el asilo político y la residencia permanente que se le habían concedido en 2019. Explicó que tomó esta decisión por la falta de garantías para un debido proceso en el caso Hotel Las Américas. Además, aseguró que fue el expresidente Evo Morales quien ordenó el operativo, aunque en ningún momento instruyó la muerte de los “mercenarios”.

Asimismo, justificó la intervención de la madrugada del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz porque se trataba de un asunto de seguridad nacional ante la presencia de “mercenarios extranjeros” que llegaron a Bolivia para “provocar una guerra civil”, en medio de una situación conflictiva interna marcada por la toma de instituciones públicas y otros actos de violencia contra el Gobierno de entonces.

García gobernó junto a Morales durante 14 años. El expresidente se encontraba en Venezuela cuando se ejecutó el operativo, mientras García ejercía la presidencia interina. “En 2009 jamás se instruyó a nadie la muerte. La única instrucción que vino del presidente (Morales) es que se los detenga y se los remita a la justicia. Se enfrentaron a la fuerza policial”, insistió.

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Ambos exmandatarios fueron denunciados mediante una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades por lo ocurrido en el Hotel Las Américas, donde un grupo de élite de la Policía desarticuló una supuesta célula terrorista integrada por cinco extranjeros, tres de los cuales perdieron la vida durante el operativo.

“El poder político y el dinero es lo que manda hoy en la justicia en todos los niveles, y ningún boliviano está a salvo; ningún boliviano de sano juicio, ningún boliviano de buen proceder está protegido por la justicia, porque está corrompida hasta los huesos”, aseguró García en la red DTV, al referirse a su percepción sobre la administración de justicia y la falta de garantías para un proceso independiente.

Sin embargo, deslindó responsabilidades por esta crisis judicial, pues explicó que nunca antes se había llegado a estos niveles, con un exfiscal general, Roger Mariaca, y un expresidente del Tribunal Supremo de Justicia prófugo, Romer Saucedo, vinculados con el narcotráfico y organizaciones criminales.

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Precisamente por esta percepción sobre la justicia, optó, según aseguró, por retomar el asilo político que México le había concedido en 2019, cuando llegó a ese país junto al expresidente Morales, tras la crisis político-cívica que los obligó a dimitir en medio de denuncias de fraude electoral.

“Nosotros estamos dispuestos a declarar nuestra verdad ante una corte imparcial y que sepa respetar los procedimientos de un juicio de investidura. Pero ojo, y que lo sepa el fiscal, el fiscal de hoy, que mañana no lo será; el juez de hoy, que mañana no lo será: están tratando un tema de seguridad nacional, un tema existencial de la patria. Y ellos lo quieren tratar como un hecho estrictamente político, un gran error, porque lo que estaba en juego era la unidad de nuestra querida Bolivia y querían formar dos Bolivias”, afirmó en una extensa entrevista.

García evitó comentar las críticas y el calificativo de “cobarde” que le dirigió Morales ante su decisión de salir de Bolivia, después de que legisladores de la alianza Libre, del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, activaran el juicio de responsabilidades, respaldados en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que habla de ejecuciones sumarias durante el operativo.

“No, yo no comento las opiniones de compañeros equivocados o no equivocados. Yo tengo claramente definido quién es mi adversario. Los adversarios para mí son los que quieren destruir Bolivia, los que quieren dividir, los que discriminan a la mujer de pollera, los que discriminan a los campesinos y a la gente humilde. Esos son mis enemigos. No son mis compañeros, por muy equivocados que estén”, afirmó.

La Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia admitieron la demanda contra los dos exmandatarios y se instruyó el inicio de la investigación. Si encuentran pruebas que respalden la denuncia, la Fiscalía solicitará el inicio del juicio de responsabilidades.