¿Quién es Carlos Ortega, el chuquisaqueño que asumió la presidencia del TSJ tras el exilio de Saucedo?

El jueves, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia posesionó a Carlos Ortega como nuevo presidente de la institución, en medio de la crisis del sistema judicial y del exilio al que se declaró el expresidente del TSJ, Romer Saucedo. Ortega asumió el cargo luego de que su posesión fuera adelantada, pues estaba prevista para enero de 2027.

La nueva autoridad del TSJ nació en Camargo, capital de la provincia de Nor Cinti, en Chuquisaca. En las elecciones judiciales de 2024, fue elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por ese departamento.

Se tituló como abogado en 2001 en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX).

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Ortega cuenta con una amplia trayectoria profesional como abogado penalista y docente de la USFX. Tiene un doctorado en Derecho Penal, así como una maestría en Administración de Justicia y diplomados en Derecho Administrativo, Educación Superior, Derecho Procesal y Oratoria.

Asimismo, se desempeñó como abogado y asesor de la Fiscalía General del Estado.

En la hoja de vida que presentó para las elecciones judiciales de 2024, Ortega manifestó que la Justicia no podía “ser abordada ni comprendida sin considerar los ciclos de varias movilizaciones sociales en Bolivia”, lo que abrió un horizonte “político de posibilidad para proyectar una alternativa de construir una sociedad mucho más justa y con plena justicia social”.

Por ello, en ese documento señala que su visión de justicia debe centrarse en la “construcción, desarrollo y despliegue de una sociedad mucho más justa y con plena justicia social, en el marco del nuevo constitucionalismo boliviano conforme al paradigma del ‘vivir bien’”.

Para alcanzar ese objetivo, Ortega planteó una propuesta técnica enfocada en la resolución de los conflictos jurídicos “con base a criterios de justicia que derivan de las normas, principios y valores constitucionales, que considere de manera primordial el conflicto jurídico primario, los sujetos en conflicto y la sociedad en su conjunto, de tal manera que el Órgano Judicial se constituya en instrumento de constitución de una sociedad mucho más justa y con plena justicia social”.

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Asimismo, propuso una “operatividad práctica del derecho” con base en normas “preceptivas, principios y valores positivizados” que están dentro de la Constitución Política del Estado. “De ahí que reconocemos que para que el Órgano Judicial se constituya en instrumento de constitución de una sociedad mucho más justa y con plena justicia social, debe trabajar en coordinación con los otros órganos de poder del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Electoral)”, dice parte de su hoja de vida.

Además, planteó solicitar un mayor presupuesto económico para el sistema judicial, buscar la independencia del Órgano Judicial, lograr una Escuela de Jueces totalmente independiente y de calidad científica e incorporar el uso de nuevas tecnologías en todos los niveles de la administración de justicia.