Derechos humanos
Dos diputados de Chuquisaca solicitan que la Asamblea autorice el juzgamiento del exministro Rada por el caso “La Calancha”
Dos diputados de Chuquisaca solicitaron hoy al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, la convocatoria urgente a sesión plenaria para el tratamiento de la autorización de juzgamiento del exministro de Gobierno Alfredo Rada, por el caso “La Calancha”, acaecido entre el 23 y el 25 de noviembre de 2007, que cobró la vida de tres jóvenes.
Los parlamentarios que firman la solicitud son Iber Antonio Pino O'Barrio y William Marcelo Solis Valencia, quienes solicitan la convocatoria urgente a sesión, a objeto de incorporar en el orden del día y someter a consideración el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Informe Nº 018/2020-2021, relativo al requerimiento acusatorio contra la exautoridad, durante la primera gestión del Gobierno del expresidente Evo Morales.
La nota plantea dar una respuesta institucional a los hechos ocurridos ese año en la zona de La Calancha, de la ciudad de Sucre, donde perdieron la vida tres jóvenes: Gonzalo Durán Carazani, de 29 años, abogado de profesión, murió el 24 de noviembre a consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego; José Luis Cardozo Lazcano, de 19 años, estudiante universitario, quien resultó gravemente herido tras recibir un proyectil y falleció en un hospital ese mismo día; y Juan Carlos Serrudo Murillo, de 25 años, estudiante universitario, quien perdió la vida el 25 de noviembre después de recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
Los enfrentamientos con la Policía Boliviana se produjeron cuando la directiva de la Asamblea Constituyente decidió trasladar sus sesiones del Teatro Mariscal al Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, ubicado a unos 5 kilómetros de Sucre, para aprobar en grande la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Esa decisión provocó la molestia de la población, que exigía que se incluyera la capitalidad plena en el nuevo texto constitucional. La demanda fue rechazada y excluida del documento, decisión que exacerbó a los movilizados.
Las tres muertes ocurrieron en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes cívicos y fuerzas policiales, durante el intento de toma del Liceo Militar, sede donde la Asamblea Constituyente aprobaba en grande el proyecto de la nueva CPE.
A días de cumplirse los 19 años de ese hecho, los dos diputados argumentan que, desde entonces, las familias de los fallecidos “mantienen una prolongada búsqueda de verdad y justicia, sin que hasta la fecha se haya concretado una decisión legislativa que permita dar continuidad al procedimiento de juzgamiento”.
Sostienen que resulta inadmisible que el trámite continúe paralizado, más aún cuando la Comisión Mixta competente ya conoció el requerimiento acusatorio y emitió el correspondiente informe el 1 de septiembre de 2021 para consideración del pleno, sin que este haya recibido el tratamiento respectivo.
“La gravedad de esta situación trasciende el ámbito nacional, toda vez que la petición relacionada con estos hechos fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), poniendo en evidencia la prolongada falta de respuesta judicial y la necesidad de que el Estado boliviano adopte, a través de sus instituciones, las medidas que correspondan para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”, afirman.
Precisan que los artículos 13 y 115 de la CPE establecen la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y garantizar una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Asimismo, el artículo 153, parágrafo I, determina que la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado preside la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras que el artículo 161, numeral 7, reconoce a esta instancia la atribución de autorizar el enjuiciamiento de la presidenta o del presidente, o de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado.
Recuerdan que el artículo 16 de la Ley N.º 044, de 8 de octubre de 2010, establece el procedimiento para dicha autorización, contemplando la intervención de la Comisión Mixta, que ya fue realizada, y la posterior decisión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el voto de al menos dos tercios de sus miembros presentes.
Con esos argumentos, consideran que corresponde que, en el marco de sus atribuciones como presidente nato de la ALP, disponga las actuaciones necesarias para que este asunto sea conocido y resuelto por la instancia competente, en observancia de los principios de justicia, responsabilidad institucional, verdad y respeto al debido proceso. "Debe quedar establecido que la autorización legislativa no constituye una declaración anticipada de culpabilidad, sino una decisión procesal que permite que las instancias jurisdiccionales competentes determinen las responsabilidades que correspondan, con todas las garantías constitucionales", aclara el documento.
"La justicia no puede continuar postergándose indefinidamente mientras las familias de las víctimas esperan, desde hace casi dos décadas, una respuesta del Estado. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene una responsabilidad constitucional que debe ejercer, evitando que la demora institucional siga obstaculizando el desarrollo del procedimiento de juzgamiento", demanda.
Por ello, instan a la autoridad a dar curso a la presente solicitud y asumir las acciones correspondientes para que este asunto sea finalmente sometido a consideración del pleno, en respeto a los derechos de las víctimas, sus familiares y la sociedad chuquisaqueña.