Análisis
Crisis en la justicia de Bolivia obliga a acelerar una reforma, afirman expertos
Santa Cruz (Bolivia), Sputnik
La Justicia boliviana enfrenta una crisis que en las últimas semanas volvió a quedar en evidencia con la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y el exilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, luego de ser señalados por presuntos hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, una situación que obliga a las autoridades a impulsar cambios estructurales, señalaron a la Agencia Sputnik distintos expertos.
La justicia boliviana "padece de todos los males", afirmó sin titubeos William Herrera, experto en derecho constitucional, mientras que la diputada opositora de Alianza Popular (izquierda), Claudia Herbas, planteó que la reforma debe hacerse mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, con participación de la población para escuchar sus necesidades en materia de justicia.
"La caída de Roger Mariaca y de Romer Saucedo son dos hechos independientes (...) que deberían gatillar la reforma, dada la profundidad de la crisis que pone de manifiesto las salidas de estas autoridades nacionales", expresó Herrera.
El experto constitucionalista recordó que la reforma judicial no fue prioridad de ningún Gobierno en los últimos años, porque era útil tener una justicia funcional para perseguir opositores y críticos.
Por su parte, Adolfo Guerrero, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), dijo a la Agencia Sputnik que la independencia de la Justicia se ha visto "vulnerada en muchos casos" y detalló los cambios que deben implementarse en la justicia, a partir de las conclusiones de una cumbre judicial celebrada en abril en esa universidad pública de Santa Cruz de la Sierra (este).
Entre el 28 de septiembre y el 22 de octubre, el Departamento de Estado de EEUU difundió los nombres de 40 autoridades y exautoridades de Bolivia, entre ellas diputados, fiscales y jefes policiales a quienes se les restringió el ingreso a ese país por presuntos casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Mientras tanto, el 19 de octubre, el presidente Rodrigo Paz anunció el inicio de la reforma judicial en enero de 2027, con la participación expertos en derecho de Bolivia y de la comunidad internacional.
Para tal fin, el país gestiona apoyo y financiamiento internacional.
Visión de organismos internacionales
En enero de 2023, el Informe Mundial de Human Rights Watch observó, en su capítulo sobre Bolivia, la falta de independencia judicial, vulneraciones a derechos en protestas y la violencia contra las mujeres y niñas.
El sistema de justicia boliviano sufrió interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (2006-2019) y de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), con el uso de la Policía, la Fiscalía y los jueces para perseguir opositores con procesos legales, detalló el documento.
HRW también señaló que, en mayo de 2022, Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, afirmó en un informe que la injerencia externa en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data.
En marzo de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también constató grandes desafíos estructurales en la justicia de Bolivia que persisten desde hace décadas, tras una visita de cinco días en la que se reunió con autoridades nacionales, líderes opositores y víctimas de injusticias.
El informe preliminar comprendió siete categorías, de las cuales preocupó más a la comisión el quinto punto, que habla de falta de acceso a la justicia y la ausencia de la independencia judicial.
Justicia centrada en la gente
Por su parte, Herbas manifestó que el exilio de una persona, como es el caso del magistrado Romer Saucedo, significa el fracaso del Estado boliviano y de sus instituciones, que no garantizan un debido proceso en la administración de justicia.
"Vemos que cualquier boliviano, sin importar quién sea, tiene que exiliarse porque se siente inseguro en su propio país y eso es muy lamentable. Porque estamos hablando de que es un fracaso de nuestro Estado y de nuestras instituciones", lamentó.
Herbas dijo que nació en el extranjero, debido al exilio en que vivieron sus padres "perseguidos por gobiernos antidemocráticos", por lo que lamentó que hoy sigan los bolivianos saliendo al exilio.
"Qué vamos a hacer realmente, además, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, para empezar a hacer una reforma judicial que responda al ciudadano respetando la normativa nacional y respetando el debido proceso", exigió.
En su opinión, el Poder Legislativo debe liderar la reforma judicial, porque es la representación de todos los bolivianos y que existen algunas propuestas para debatir.
"Considero debe hacerse desde la Asamblea Legislativa, que se pueda hablar con la gente, de que tiene que salir de la misma población. Nosotros somos el ente vivo de la democracia, la representación de todas y todos los bolivianos", indicó.
Además, los cambios deben alcanzar a las universidades y unidades educativas, para cultivar la ética y concientizar sobre la justicia.
La justicia en Bolivia tiene una estructura basada en la Constitución de 2009 y está integrado por cuatro jurisdicciones: jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia; jurisdicción agroambiental, mediante el Tribunal Agroambiental; jurisdicción especializada; por autoridades indígenas; y la jurisdicción constitucional, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además, existe el Consejo de la Magistratura, que ejerce control disciplinario de las jurisdicciones mencionadas y fiscalización del manejo financiero y de la gestión.
Cumbre judicial
La falta de independencia de la Justicia respecto de los demás órganos del Estado, el irrespeto al Estado de derecho y al debido proceso, así como la corrupción, son los problemas que fueron identificados en la I Cumbre Departamental de Justicia: Democracia, Estado de Derecho y Libertad, que organizó en abril la universidad pública de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
"La independencia es pilar fundamental para la transparencia de las decisiones, de los fallos, de poder sustanciarse por la vía jurisdiccional en los casos, digamos, de la administración de justicia. Esa independencia se ha visto vulnerada en muchos casos", indicó Guerrero.
Entre las conclusiones surgió la necesidad de definir si se mantendrán las Elecciones Judiciales para elegir magistrados de las altas cortes o si se optará por seleccionar a los administradores de justicia en función de sus méritos profesionales.
"Tenemos que formar unos valores transversales en nuestros jóvenes, en nuestros futuros profesionales. Partir de la formación profesional que es lo que nos corresponde como universidad", puntualizó.
En su criterio, algo fundamental para una democracia es el respeto al Estado de derecho, bajo la supremacía de la Constitución Política del Estado, para una convivencia en democracia más viable y resguardar los derechos fundamentales.
La necesidad de una reforma
Para Herrera, la reforma judicial implica una reforma a la Constitución Política del Estado, porque es la norma suprema en el país.
"Lo primero que se necesita es voluntad política. Si no hay un gran acuerdo, un gran pacto por la justicia, va a ser muy difícil avanzar, porque son temas complejos, son temas transversales que hacen a todo el Estado", afirmó.
Asimismo, sostuvo que se debe eliminar la elección por voto de magistrados y aumentar el presupuesto.
"Hay otros temas internos del poder judicial que tienen que ver con la propia carrera judicial, como el sistema de evaluación, tecnología, inteligencia artificial. Hay un mundo de cosas por hacer. Entonces, es un proceso largo y lo grave es que no se ha hecho", lamentó.
Bolivia, con la meta de innovar en su justicia, celebró en 2011 las primeras Elecciones Judiciales por voto popular, que fue repetida en 2017 y 2024, pero que sumó numerosas críticas por considerarse que la selección de los postulantes a jueces supremos se realizaba por afinidad política y no por méritos o idoneidad profesional.
Otro problema estructural es la falta de recursos ya que el Órgano Judicial no cuenta ni siquiera con el 0,5 por ciento del presupuesto general de la Nación.