Veedores señalan desorganización y riesgo por la falta de postulantes mujeres a las judiciales

Los informes preliminares de la “Veeduría Ciudadana” y de la Defensoría del Pueblo, en relación a las Elecciones Judiciales, revela una serie de falencias en el proceso de preselección de postulantes a magistrados, que se desarrolla en la Asamblea Legislativa. Entre las principales observaciones, está la falta de criterios uniformes para evaluar los datos de aspirantes y la clasificación de sus documentos, además de  que cinco regiones no tienen representantes mujeres e indígenas, elemento que pone en riesgo la realización de los comicios.

“(Se) recomienda medidas para garantizar la transparencia y publicidad; la igualdad y la equidad (…) luego de detectar deficiencias relacionadas con el poco acceso o acceso tardío a la información, los requisitos para la acreditación de veedores, la poca presencia de mujeres entre los postulantes y la clara falta de organización en el trabajo de las comisiones”, señala parte del informe preliminar emitido por la Veeduría Ciudadana.

Los veedores señalaron que la participación femenina es de solo el 26%, “cifra que (genera) alerta respecto al cumplimiento del principio de equidad de género señalado en la Ley 1549”. Por estas falencias remarcaron la importancia de implementar medidas concretas y efectivas para promover la participación equitativa de mujeres abogadas, pero que estas mejoras no pongan en riesgo las elecciones judiciales.

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Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo, los veedores acreditados precisaron que el tema de la falta de equidad de género y representatividad de pueblos originarios, afecta principalmente a la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Detallaron que son cinco los departamentos que no tendrían postulantes para esa instancia, con vistas hacia los comicios.

“Las listas de candidatas y candidatos habilitados para el TCP (hasta la séptima fase del proceso de preselección), no cuentan con la inclusión de mujeres en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Pando. De la misma forma, tampoco cuentan con personas que se autoidentifiquen como indígenas, esto sucede en (las listas de aspirantes de) Beni, Santa Cruz, Tarija y Pando”, señala el informe preliminar de la Defensoría del Pueblo.

Antecedentes

Desde el 17 de febrero, la Asamblea Legislativa asumió el proceso de preselección de candidatos a las Elecciones Judiciales, previstas para el mes de septiembre, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este trabajo, está dividido en 13 etapas, que deben concluir con la entrega de una lista de 130 postulantes habilitados, que debe ser entregada al TSE el 6 de mayo, según la norma que rige este proceso, “Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales”.

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Los 130 postulantes que resulten aprobados en el Legislativo, por voto de los dos tercios de los asambleístas, deben cumplir los requisitos de formación académica, experiencia, además de perfiles éticos y morales. En dichos comicios, la ciudadanía podrá votar por el candidato que resulte de su agrado, los que resulten electos pasaran a ocupar los cargos de magistrados en el TCP, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Desorganización

En ese contexto, las veedurías tienen el fin de fiscalizar la transparencia del proceso de preselección en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los informes preliminares cuestionan la transparencia respecto del acceso a la información para la sociedad.

De la misma forma, “se observó una clara falta de organización del trabajo en las dos comisiones” encargadas de llevar adelante las 10 primeras etapas. Al momento, el proceso se encuentra en la etapa de “Presentación de Recursos de Revisión”.

Senadores y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, conforman la Comisión Mixta de Constitución, encargada de la revisión de documentos de los postulantes a magistrados del TCP y el TSJ. En tanto que, los legisladores de la Comisión Mixta de Justicia Plural evalúan a los aspirantes al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

El reporte de la Veeduría Ciudadana hace notar que en un inicio se tomó bastante tiempo en la verificación de requisitos de los postulantes, pero luego se tuvo que encarar ese proceso con premura, por lo que “es crucial establecer criterios claros, consensuados y uniformes con antelación”. Se detalla que se representaron casos de aspirantes con antecedentes penales sin sentencia ejecutoriada o en proceso de investigación, lo que abrió un debate sobre si eran o no causales de inhabilitación.

Pese a que existían dudas sobre la validez de un documento, se habilitó al postulante y se dejó pendiente el caso hasta la verificación de la documentación, sin embargo, revela el informe, “no se tuvo constancia de qué instituciones consultadas para el efecto hubieran respondido de formar positiva para confirmar o no la habilitación”.

Frente a esta situación, se recomendó “mejorar la organización del trabajo, establecer criterios de evaluación claros y consensuados, y asegurar que las decisiones se tomen de manera objetiva y transparente, respetando en todo momento la normativa vigente y los derechos de las y los postulantes”.

La Veeduría Ciudadana está a cargo de la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y está integrada por 24 organizaciones de la sociedad civil y por carreras y facultades de derecho y ciencias políticas de 12 universidades del sistema público y privado. La OCD, a su vez, está integrada por la Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia, la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos y la Red Unitas.

Además de que se detectaron errores en las listas emitidas por las dos comisiones, los veedores cuestionan el retraso en la difusión de nómina de postulantes hasta el 12 de marzo, “lo que incumplió los requerimientos de publicación establecidos en la convocatoria”.

Por otro lado, el informe indica que las hojas de vida de los postulantes fueron compartidas al finalizar la etapa de verificación de requisitos, “lo que impidió contar con esa crucial información desde el inicio de la revisión”. También hace notar que la lista de candidatos habilitados se difundió únicamente por redes sociales y no por medios de comunicación, como establece la convocatoria.