AAPS pide informes sobre juicio perdido que pone en riesgo de quiebra a Epsas

Debido a que desconoce los pormenores de la sentencia que se emitió en favor de 401 trabajadores, el director de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Rubén Méndez, solicitó informes jurídicos a los responsables de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S. A. (Epsas) intervenida.

En 2021, cuando se emitió la sentencia de primera instancia, Epsas presentó una denuncia penal contra los responsables del juicio perdido y se estimaba un daño económico de 23 millones de bolivianos. De acuerdo a las denuncias del investigador y consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, con la sentencia ejecutoriada a favor del sindicato de trabajadores, el daño económico se incrementó a unos 114 millones de bolivianos.

Ante las consultas realizadas por Visión 360, desde la Unidad de Comunicación de la AAPS informó a este medio que Méndez —también exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)—, por medio del área legal solicitó informes al actual interventor de Epsas, Alfredo Ayala, sobre este proceso perdido. Se explicó que será luego de recibir esos informes que Méndez dará declaraciones a los medios de comunicación o se emitirá un pronunciamiento sobre el tema.

Antecedentes

La pasada semana, este medio informó sobre la sentencia ejecutoriada emitida en favor de 401 trabajadores del sindicato de Epsas, quienes ganaron un juicio laborar iniciado en 2016, a raíz de que el entonces interventor, Humberto Claure, disminuyó el monto de un bono de antigüedad que se pagaba con base en el cálculo de un promedio de nueve salarios mínimos.

Claure, por medio de una resolución administrativa que vulneró acuerdos laborales refrendados con el Gobierno de entonces, dispuso disminuir dicho bono de antigüedad y pagarlos con base en el cálculo de tres salarios mínimos.

Por varios días, Visión 360 también buscó la versión del interventor Ayala, pero este no atendió las consultas y la Unidad de Comunicación de Epsas tampoco respondió los requerimientos. Asimismo, Claure, actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), no atendió a los pedidos de entrevista, en relación a los señalamientos legales en su contra.

En 2021, Claure fue denunciado por los responsables de Epsas, como el responsable del daño económico a esta empresa, el cual pone en riesgo los servicios normales que la firma presta a ocho municipios con unas 5.000 conexiones, por el monto que significa el pago a los trabajadores y la actualización que debe hacer de los sueldos.

Herbas, quien afirma que Epsas está en riesgo de una quiebra técnica, advirtió que si las autoridades no asumen medidas legales, será él quien presente otra denuncia penal por incumplimiento de deberes.