El Gobierno cuestiona a magistrados que favorecieron a Marinkovic y afirma que “deben ser juzgados”

El Gobierno cuestiona a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que beneficiaron a la familia del exministro Branko Marinkovic. Desde el Ejecutivo afirman que "deben ser juzgados y sancionados”. 

El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero y el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori dijeron que se iniciarán las acciones legales contra los magistrados del TCP René Espada y Gonzalo Hurtado.

“Estos magistrados no respetaron ni sus propias sentencias, ni la jurisprudencia que emitieron ellos mismos y han dado la razón a gente que ostenta la tierra para negociarla y traficarla por intereses personales y políticos. Estamos evaluando la posibilidad de un proceso penal contra estos dos magistrados por prevaricato porque es una aberración jurídica lo que han hecho”, dijo Guerrero.

Por su parte, el ministro Condori declaró que “Branko Marinkovic es un personaje nefasto, aprovecha su poder y privilegios cuando fue ministro de Jeanine Añez legalizó de manera dolosa 33 mil hectáreas a su favor. Espada, Hurtado, Marinkovic deben ser juzgados y sancionados”.

Espada y Hurtado, integrantes de la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitieron la sentencia SCP 1016/2023-S4 el 28 de diciembre de 2023, anulando la resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, que negó a la familia Marinkovic el derecho sobre esas tierras, y consolidando el derecho propietario sobre más de 33.000 hectáreas en la Laguna Corazón, ubicada en la reserva forestal de Guarayos, y en Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania.

Guerrero sostuvo que los magistrados incluso fallaron más allá de lo solicitado, actuaron de manera dolosa y fuera del ordenamiento legal vigente, vulnerando la Constitución, que fija un límite de 5.000 hectáreas de tierra como propiedad.

Según informó la agencia ABI, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, anunció que esa entidad se unirá a la demanda contra el excívico cruceño.

“Esta sentencia pretende que el Estado pueda consolidar una cantidad total de 34.013 hectáreas (a la familia Marinkovic, pero) no corresponde en derecho, el INRA ha revisado todos los expedientes desde el punto de vista técnico jurídico, lo que sí en el reencauzamiento del proceso (de saneamiento) le correspondería que sumados los dos predios no debería llegar a 5.654 hectáreas, lo que es en derecho”, afirmó Núñez.  Aclaró que “28.359 hectáreas son tierras fiscales y corresponde al Estado y a todos los bolivianas y bolivianos”.

El ministro Mamani llamó “verdugos” a los dos magistrados del TCP, advirtió que el Gobierno hará respetar los derechos de los bolivianos sobre estas tierras y afirmó que estos actos de prevaricato tienen que ser castigados.

El proceso sobre los predios Laguna Corazón, en Guarayos, y Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania, data de 1998, da cuenta un reporte de la agencia estatal citada. 

En 2020, cuando Marinkovic era de ministro de Estado, el INRA emitió una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que otorgó a su familia la propiedad sobre esos territorios.

Ante esa situación, el gobierno del presidente Luis Arce emitió el decreto 4494 para que se inicie un proceso por la entrega de los predios. En consecuencia, en mayo de 2021 se presentó una demanda en el Tribunal Agroambiental en contra de las disposiciones legales que favorecieron a la familia del exministro de Añez.

En esa ocasión, el Tribunal Agroambiental determinó “probadas las demandas del Viceministerio y dejó sin efecto las resoluciones supremas que reconocieron la propiedad sobre esos terrenos”.

Fue por ello que la defensa de la familia Marinkovic presentó una acción de amparo constitucional, pero se deniega la tutela, por lo que subsistía la sentencia del Tribunal Agroambiental.

“En dos instancias nos dan la razón de que estas tierras habían sido obtenidas con vicios de nulidad en los expedientes agrarios, una incorrecta valoración de los documentos de transferencia, vulneración a los límites constitucionales”, explicó.