Procuraduría gestionará devolución de dineros confiscados a Murillo el momento de su aprehensión

La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este miércoles que realizará gestiones por la vía diplomática para que se autorice la devolución de los dineros confiscados al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el momento de su aprehensión en Estados Unidos (EEUU).

“La PGE, también gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU, la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, se lee en un comunicado que emitió esa repartición del Estado.

La medida fue adoptada en el marco de la defensa judicial y extrajudicial de los intereses del Estado, interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas en el caso Murillo y otros implicados.

Murillo y Sergio Méndez, exjefe de gabinete, fueron arrestados el 21 de mayo de 2021 en EEUU, posteriormente fueron acusados y sentenciados por los delitos de corrupción y sobornos para la firma de contratos con el Estado boliviano.

Junto a ambos, otros tres ciudadanos estadounidenses también fueron condenados. Como resultado, Murillo cumplirá una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026 y Méndez luego de cumplir su condena penal, fue deportado al país el pasado 3 de abril.

La PGE y el consorcio jurídico contratado en EEUU “Greenberg Trauring PA” obtuvieron en la vía de la reparación civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami, Florida, la primera contra Méndez notificada al Estado en fecha 3 de abril y otra, contra Murillo, notificada el 9 de abril.

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Ambas condenan como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengará un interés anual de 9,09% anual; también se gestiona, coordina y dirige la posible suscripción de un acuerdo con dos ciudadanos que tienen autoría menor en relación al hecho, para la recuperación de dineros a fin de reparar los daños contra el Estado.