sábado 18 de mayo de 2024

Dos fueron presidentes de TED en 2019

5 actores de los conflictos de 2019 están habilitados

Entre los postulantes se encuentran cinco que fueron detenidos o actuaron en las investigaciones de los conflictos desatados tras las elecciones de 2019.
Imagen de los conflictos que se desataron tras las elecciones de en 2019.      Foto: APG
Imagen de los conflictos que se desataron tras las elecciones de en 2019. Foto: APG
miércoles 17 de abril de 2024

Cinco postulantes a cargos judiciales se vieron envueltos en los conflictos postelectorales de 2019. Algunos fueron detenidos como parte de lo que unos denominaron  “caso Fraude Electoral” y otros, “golpe de Estado”. Otros postulantes recibieron llamadas de atención y hay quienes lidiaron con los resultados de las peleas.

Para el analista Pedro Portugal, la habilitación de estas candidaturas es una señal de un problema endémico en el país. “Es algo que arrastramos desde la época de la Colonia, cuando los cargos no se asignaban según la competencia del individuo, sino de la cercanía que este tenía al poder de turno”, consideró.

En octubre de 2019 se realizaron las elecciones nacionales, un proceso controvertido porque, entre otros elementos, Evo Morales volvió a  buscar la Presidencia, pese a que en 2016 un referéndum rechazó una cuarta candidatura.

La susceptibilidad aumentó cuando, al momento en que  el sistema de conteo rápido de votos auguraba una segunda vuelta, este fue suspendido. Al reiniciarse, los datos daban la victoria a Morales, lo que inició un  conflicto y se habló de un presunto “fraude electoral”.

"Lamentablemente, la única manera en que un funcionario público acumule méritos es si es  sumiso y funcional al poder de turno", dijo Portugal.

A lo largo de los meses de octubre y noviembre, movimientos sociales y plataformas ciudadanas, tanto a favor como en contra del Movimiento Al Socialismo (MAS), se enfrentaron, lo que dejó como resultado  23 personas fallecidas, la renuncia y escape del entonces presidente Morales, la de su gabinete y la subida al poder de Jeanine Añez.

Tras la pacificación del país y durante gran parte de 2020, la Justicia inició un proceso por “Fraude Electoral” a varias exautoridades, entre ellas se encuentran tres postulantes, de acuerdo con una revisión de datos que elaboró Visión 360.

Uno de ellos es Martín Montaño Parada, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba en 2019, cargo por el cual se lo involucró en ese caso. A finales de 2019, el letrado fue detenido preventivamente, acusado de haber cambiado las computadoras que se utilizaron en el conteo rápido, acusación de la que luego fue liberado. Hoy postula a consejero de la Magistratura.

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La misma suerte corrió Freddy Cayo Arozamen, que en 2019 presidía el TED. El jurista fue detenido como parte de la investigación del mismo caso. Sin embargo, fue sobreseído y no enfrentó más repercusiones posteriormente.

Por el contrario, Douglas Miguel Ángel  Montecinos Condori enfrentó más problemas. Fue aprehendido al ser acusado de prevaricato -delito en el que la jueza o juez, en el ejercicio de sus funciones, dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley- en uno de los casos que  siguieron a las elecciones de 2019. Concretamente se trataba de  peleas y violencia electoral durante los comicios en los Yungas.

No es lo único. El letrado también tiene registradas varias llamadas de atención. El también postulante a consejero de la Magistratura cuenta con una declaración jurada que data de mayo de 2023.

En los conflictos postelectorales de 2019, un cuarto postulante, el jurista José Pedro Ugarte Imaña participó como defensa de uno de los acusados por el  supuesto fraude electoral, exministro y hombre de confianza del gobierno de Evo Morales.

Protestas durante los conflictos de 2019.  Foto: EFE

Experto en políticas públicas, Ugarte fue, tras los conflictos postelectorales, el representante legal del exministro de Defensa   Javier Zabaleta, quien ejerció el cargo en el tercer período y último de Morales.

Zabaleta dimitió el 12 de noviembre. Aseguró que “jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos”, pese a la represión que sufrieron ciudadanos que protestaron contra lo que para unos fue un fraude electoral y para otros, un golpe de Estado.

Otra postulante, la quinta, es la letrada Claudia Marcela Castro Dorado, quien en 2020 levantó la orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana, el hombre fuerte de Morales.

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Además, tras la victoria de Luis Arce en las elecciones de ese año, archivó las acusaciones contra Evo Morales, Álvaro García Linera, Quintana y Carlos Romero. Hasta la fecha,  ninguno de los cuatro implicados se presentó a declarar, ni siquiera cuando se iniciaron procesos contra la expresidenta Jeanine Añez.

Respecto a esto último, Castro Dorado también se declaró competente para procesar a la exmandataria por la vía ordinaria, pese a que las leyes nacionales indican que lo que corresponde es juicio de responsabilidades.

El analista Portugal señala que, en este sentido, las elecciones de este año no lograrán una verdaera diferencia en la deficiente aplicación de justicia en el país. “Lamentablemente, la única manera que un funcionario público acumule méritos es si es  sumiso y funcional al poder de turno”.

La obediencia a los intereses del partido de Gobierno es una de las observaciones más comunes que se encuentran en las postulaciones para estas elecciones judiciales y las anteriores de 2017.

“En realidad, la verdadera revolución se dará cuando dejemos atrás esta tara, la de tener autoridades del Estado profundamente serviles a los intereses del Ejecutivo”, agregó Portugal.

Para ello, considera el analista, es esencial que se creen  contrapoderes que sirvan de freno a los intereses particulares y políticos. “Solo así podremos confiar en que las elecciones judiciales nos presenten hombres y mujeres probos y eficientes”, sostuvo el especialista. 

¿CÓMO Y QUÉ SE HIZO? Entre el 4 y el 12 de abril, un equipo de Visión 360 revisó los antecedentes de 405 postulantes a candidatos y candidatas para las elecciones judiciales 2024.  Sus nombres fueron rastreados en las nóminas de personal de diferentes entidades públicas y en el sistema de consulta de la Contraloría General del Estado. Se revisaron y verificaron las hojas de vida publicadas en el portal de la Vicepresidencia del Estado, además de los antecedentes de cada aspirante en reportes de prensa, edictos, resoluciones y sentencias. Se corroboró la militancia de cada postulante en el portal del Órgano Electoral Plurinacional. Con todos los datos obtenidos,  la redacción de este medio preparó una data que ahora libera para que la población tenga acceso a la información de los postulantes; este trabajo también incluye las hojas de vida de más de 350 aspirantes. Además, con el objetivo de hacer periodismo de datos, en este especial, Visión 360  presenta una serie de notas y reportajes que hacen una radiografía a los postulantes a este proceso.