martes 24 de febrero de 2026

¿Es necesaria la Vicepresidencia?

En un Estado que busca la eficiencia y la descolonización de estructuras obsoletas, preguntarse si necesitamos un vicepresidente no es un ejercicio de iconoclasia, sino un acto de responsabilidad democrática.

El diseño institucional de un Estado no es solo una cuestión de ingeniería jurídica, sino un reflejo de su madurez política y de su capacidad para gestionar la sucesión del poder sin traumas. 

En Bolivia, la figura de la Vicepresidencia ha transitado de ser un adorno constitucional —la "quinta rueda del carro", como se decía en el siglo XX— a convertirse en un nodo de poder estratégico bajo la Constitución de 2009. Sin embargo, la historia y la práctica política sugieren que esta institución es, en esencia, un caballo de Troya o un seguro de vida, dependiendo de quién ostente el bastón de mando. Resulta imperativo, por tanto, someter a escrutinio la necesidad de su existencia en el marco de una reforma institucional profunda.

El argumento clásico a favor de la Vicepresidencia es la continuidad institucional. El artículo 169 de la Constitución Política del Estado establece al vicepresidente como el primer sucesor, evitando los vacíos de poder que, en nuestra convulsa historia, han derivado en anarquía o golpes de Estado. No obstante, el Derecho Comparado nos ofrece espejos donde mirarnos: México y Chile, dos de las democracias más estables de la región (pese a sus propias crisis), prescinden de esta figura. En estos países, la ausencia del presidente es cubierta por el secretario de Gobernación o el ministro del Interior, y se convoca a elecciones o al Congreso para una designación definitiva. Este modelo elimina de raíz la figura del "conspirador interno", ese personaje que, en palabras de Alexander Hamilton en El Federalista, a menudo se convierte en una sombra que aguarda el error del titular para heredar el trono.

En América Latina, la Vicepresidencia ha evolucionado en tres direcciones principales que Bolivia debería analizar críticamente para definir su propio camino: 1) El modelo parlamentarizado (Bolivia, Argentina, Uruguay) donde el vicepresidente preside el Legislativo. Si bien esto busca coordinar la relación entre poderes, suele generar un conflicto de intereses: ¿es el vicepresidente un agente del Ejecutivo en el Congreso o un defensor de la independencia legislativa? En Bolivia, la doble función de presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional y ser parte del Ejecutivo, en el pasado inmediato, asfixió el debate parlamentario genuino. 2) El modelo de delegación política (Colombia, Ecuador) en el que el vicepresidente no tiene funciones propias más allá de las que el presidente le asigne. Esto lo convierte en un "superministro" o un emisario diplomático, lo cual justifica su existencia técnica, pero lo deja en la intrascendencia si la relación personal con el mandatario se quiebra. 3) La ausencia del cargo (Chile, México), donde la sucesión recae en el gabinete ministerial. Esto refuerza la unidad del Ejecutivo y evita la existencia de un "vicepresidente opositor" que, habiendo sido elegido en la misma papeleta, termina bloqueando la gestión del presidente.

Quienes piensan que la Vicepresidencia es necesaria, argumentan que actúa como un puente simbólico y político. En un país tan diverso como Bolivia, la fórmula presidencial permite amalgamar identidades (el binomio urbano-rural, occidente-oriente, o la alianza entre sectores sociales). Además, en momentos de crisis extrema, contar con una figura con legitimidad de voto directo para la sucesión proporciona una estabilidad que un ministro designado a dedo no podría ofrecer ante el clamor popular.

En la vereda del frente, los que están en contra de su existencia, dicen que la evidencia histórica en Bolivia muestra que la Vicepresidencia es frecuentemente el epicentro de la ingobernabilidad. Desde los conflictos entre Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora, hasta las tensiones contemporáneas, la figura del "Vice" suele actuar como un contrapoder que debilita la autoridad presidencial. Académicamente, autores como Juan Linz han señalado que el presidencialismo es rígido y añadirle una vicepresidencia con aspiraciones propias solo añade una capa de "parlamentarismo mal ejecutado" que fragmenta la administración pública y duplica el gasto burocrático.

La reflexión final no debe ser si el cargo es útil per se, sino si el diseño boliviano actual es funcional. Si el vicepresidente debe seguir siendo el "operador político" en el Congreso, estamos condenando a la Asamblea a ser un apéndice del Ejecutivo. Si, por el contrario, eliminamos la figura, obligaríamos al sistema de partidos a fortalecer los mecanismos de sucesión institucional y a profesionalizar el gabinete ministerial. 

En un Estado que busca la eficiencia y la descolonización de estructuras obsoletas, preguntarse si necesitamos un vicepresidente no es un ejercicio de iconoclasia, sino un acto de responsabilidad democrática.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360

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