Judiciales: evistas y oposición denuncian golpe al legislativo, Gobierno niega responsabilidad

Tras que una sala constitucional de Pando determinó la anulación del proceso de elecciones judiciales, legisladores evistas y de oposición denunciaron un golpe institucional al Legislativo por parte del Ejecutivo. Desde el Gobierno se negó que haya responsabilidad.

“Lo que se pretende desde las filas del masismo es dejar a estas autoridades hasta las elecciones generales (…) lo que evidenciamos de esta situación es que se instaura una vez más la tiranía judicial en el país. Sin lugar a dudas se ha gestado este golpe institucional”, manifestó a Unitel la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana.

Faltando seis días para que se cumpla el plazo para la preselección de candidatos, la justicia dió luz verde a la acción popular presentada en Pando por la exdiputada del MAS Yeny Duri. Con la medida se procedió a la anulación de todo el proceso. 

Nayar sostuvo que este es un “plan de Luis Arce e Iván Lima,llevado adelante a la perfección”. Dijo que “el Gobierno pretende tener a los autoprorrogados hasta 2025”, instrumentalizando la participación de los pueblos indígenas y de las mujeres.

Por su parte, el senador del ala evista del MAS, Andrónico Rodríguez, sostuvo que con lo ocurrido es “muy evidente” que el Ejecutivo y el Órgano Judicial sumaron “los esfuerzos” para que no se lleven a cabo las elecciones judiciales. Dijo que desde el Legislativo se trabajó para llevar a cabo el proceso.

“Hicimos todos los esfuerzos para que se lleven las elecciones judiciales, pero hay otros parlamentarios y otros órganos, como el Ejecutivo y el Órgano Judicial, que han hecho esfuerzos para que no se realicen y eso es muy evidente”, indicó Rodríguez.

Manifestó que a partir de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional y las salas, este Órgano se está convirtiendo en un supra poder por encima de los otros. “Eso es algo que puede generar una total erosión de la institucionalidad en nuestro país”, indicó.

En el marco de estas reacciones, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, descartó que el Gobierno haya tenido responsabilidad en la decisión tomada por la justicia. A su parecer, es la misma Asamblea Legislativa la que tiene responsabilidad, por lo ocurrido con los postulantes inhabilitados que al ver sus derechos vulnerados presentaron los recursos.

“Esta no es una responsabilidad del Gobierno, o del ministro Iván Lima, como señalan algunos opositores. Nosotros no estamos detrás de cada postulante, que son más de 400, para decirles qué tienen que hacer y qué no”, aseveró.

Aseguró que los legisladores, por mandato de la Constitución, debían convocar a las elecciones judiciales, pero lo hicieron a “destiempo”. 

En apoyo a esta postura, la diputada del ala arcista del MAS, Deisy Choque, negó que el Gobierno esté detrás de esta situación. Remarcó que la persona que emitió el fallo es una vocal que fue candidata del MAS durante la gestión de Evo Morales. “La accionante también fue legisladora durante la gestión anterior”, dijo.