Gobierno asegura que garantizó recursos para las judiciales y que ahora “la pelota está en la cancha" de la ALP

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este jueves que los recursos para las elecciones judiciales están garantizados, por lo que “deben llevarse a cabo”, posición que fue secundada por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. Esta última autoridad, además, sotuvo que “la pelota está en la cancha" de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“La responsabilidad del Gobierno es garantizar los recursos, y eso ya está confirmado, por lo que las elecciones judiciales tienen que llevarse adelante, siempre lo hemos defendido, porque se debe elegir a estas autoridades a través del voto”, dijo la Viceministra en contacto con los medios.

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“Esperamos que siga adelante, ese ya es un proceso mediante las acciones que tiene que llevar adelante la Asamblea Legislativa. Este proceso tiene que levarse adelante”, insistió.

El miércoles, vicepresidente David Choquehuanca convocó a las directivas de la ALP, jefes de bancadas y presidentes de las comisiones mixtas a una reunión para abordar la situación del proceso de preselección de autoridades judiciales, que está paralizado desde el 16 de abril. La cita es este jueves, desde las 15.00. 

En el mismo sentido que Alcón, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, afirmó este jueves que las elecciones judiciales son responsabilidad del Órgano Legislativo. “Las elecciones son competencia del Legislativo, mientras que el Ejecutivo ha garantizado los recursos”.

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“Hoy la pelota está en la cancha de la Asamblea”, aseguró Ruiz e insistió en que este proceso está en manos de los diputados y senadores, como lo establece la Constitución Política del Estado. 

Al ser consultado sobre si estos comicios están en riesgo, respondió afirmativamente y agregó que “ojalá que no pase lo mismo en la elección del contralor”.

Las elecciones judiciales se encuentran paralizadas desde el pasado 30 de abril por una acción popular formulada en Cobija, que dejó sin efecto el proceso, y por otros amparos constitucionales de postulantes inhabilitados.