CEPB plantea la coordinación público privada para enfrentar el contrabando

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, planteó este martes la necesidad de generar un modelo de colaboración estrecha entre las instancias públicas y privadas, para contrarrestar el contrabando.

“Este desafío no puede ser enfrentado de manera efectiva por un solo sector; se requiere voluntad política, acciones concretas, solidaridad y colaboración entre todos los niveles de la sociedad”, dijo Ortuño, citado en un boletín de prensa.

Ortuño hizo estas afirmaciones en el acto de inauguración del IX Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticorrupción (ALAC) que comenzó esta jornada y se extenderá hasta mañana, miércoles, en Santa Cruz.

El evento cuenta con la participación de 150 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.

“Para derrotar al contrabando no basta solamente el cumplimiento normativo, sino el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y la promoción de la transparencia”, agregó el empresario.

En Bolivia, un estudio de la CEPB calculó que, en 2017, este delito alcanzaba a 2.500 millones de dólares anuales, aunque investigaciones recientes indican que se ha incrementado por encima de los 3.000 millones.

La agenda del evento incluye conferencias, ponencias y paneles de expertos y autoridades gubernamentales, en los que se tratarán diversos temas como el contrabando y su relación con el crimen organizado, la regulación en el comercio digital, la facilitación del comercio internacional, contrabando transfronterizo, inteligencia artificial, y otros.

Para mañana se prevé la realización de mesas técnicas en las que los asistentes analizarán los efectos del contrabando y las experiencias de protección, en industrias de textiles, confecciones y calzado; medicamentos, alimentos, insumos de protección y nutrición de cultivos; telecomunicaciones, llantas, acero y metalmecánica, cosméticos, cigarrillos y licores.

La ALAC estima que anualmente el contrabando en Latinoamérica mueve más de 210 mil millones de dólares, es decir el 2% del PIB regional.