A una semana de la revuelta militar, hay 30 investigados, 11 personas recluidas y 11 con detención domiciliaria

A una semana de la revuelta militar del pasado miércoles 26 de junio, las autoridades investigan a alrededor de 30 personas, entre civiles y militares, mientras que 22 personas han sido detenidas por su participación en el “golpe de Estado fallido”.

El primer involucrado detenido fue el excomandante del Ejército, que lideró la asonada militar, Juan José Zúñiga. Fue aprehendido el mismo 26 de junio, junto al excomandante de la Armada, Juan Arnez. Después capturaron al general Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), sobre quien el presidente Luis Arce había dicho que no tuvo participación en la intentona de golpe de Estado. Zegarra guarda detención domiciliaria y declaró que “fue llevado con engaños” a la Plaza Murillo.

Zúñiga, que en un principio fue trasladado al penal de Chonchocoro, fue traslado a la cárcel de El Abra, en Cochabamba, mientras que Arnez está detenido en el penal de San Pedro.

El último en ser aprehendido fue el mayor Vladimir Lupa, sindicado como el encargado de ordenar el desplazamiento de 19 francotiradores de la unidad F-10 desde Cochabamba a La Paz "para perpetrar y consolidar lo que era un golpe de Estado militar". Lupa guarda detención en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

De todos los aprehendidos, 11 se encuentran encarcelados y 11 guardan detención domiciliaria. Uno de los involucrados con detención domiciliaria es Aníbal Aguilar, exasesor del Ministerio de Defensa, a quien la policía sindicó de ser uno de los principales “ideólogos” del alzamiento.

Al día siguiente de la revuelta, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que 17 personas fueron detenidas y anunciaba que el “fallido golpe” se organizó por un grupo de "ideólogos", otro de "preparación y planificación" y un tercero del "ejercicio de la fuerza".

Del Castillo sostuvo que la “intentona golpista”, según las declaraciones de Zúñiga, contó también con apoyo de tres embajadas, de miembros de la Policía Boliviana y de militares en servicio pasivo.

El general en servicio pasivo, Tomás Peña y Lillo, también fue señalado por el Gobierno como partícipe en la revuelta; el militar se declaró en la clandestinidad.

El Ministerio de Gobierno también detuvo al sargento que conducía la tanqueta que impactó con la puerta del Palacio de Gobierno y a otro oficial que “organizaba” la destrucción de bienes en la Plaza Murillo.

Las autoridades continúan con las investigaciones y operativos para esclarecer la intentona golpista contra Arce.