Defensa de Zúñiga quiere probar que estaba bajo influjo de narcóticos y su ayudante se acoge a juicio abreviado

La defensa del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quiere probar que el 26 de junio se encontraba bajo el influjo de narcóticos, mientras que su ayudante se acogió a juicio abreviado por su familia.

El abogado Ricardo Rodríguez, citado por la televisora DTV, manifestó que la defensa de Zúñiga pidió por segunda vez una prueba toxicológica con la que se probará que el día de la toma de plaza Murillo o días antes había consumido sustancias controladas.

Si se verifica que fue así, el exgeneral sería semiimputable y se aminoraría su condena. Según el abogado las sustancias controladas se mantienen en el cuerpo durante al menos tres meses, por tanto, se encontraría dentro del plazo.

Zúñiga comandó la toma de plaza Murillo y luego de Palacio Quemado en un intento, según el Gobierno, de un golpe de Estado fallido.

Ahora guarda detención preventiva en el penal de El Abra de Cochabamba.

Entre tanto, su ayudante, el capitán Marco C., quien guarda detención en el penal de San Pedro de La Paz, decidió acogerse a juicio abreviado.

En su solicitud, citada por Erbol, el capitán señaló que estos dos meses privado de su libertad fueron los peores de su vida, puesto que su familia vive circunstancias dolorosas.

De acuerdo con la documentación, el militar acepta la comisión del delito de alzamiento armado en grado de complicidad, con una pena de tres años de cárcel. Se trata de una condena que le permitiría salir de la cárcel bajo la figura de suspensión condicional.

Sin embargo, su abogado Eusebio Vera, negó la responsabilidad del capitán en los planes de Zúñiga ese 26 de junio. Dijo que el ayudante se limitó a llevar el maletín del entonces general, sin que este le informe cuáles eran los motivos de sus acciones en esa fecha.

De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, que es parte querellante en el proceso abierto en contra de los militares que participaron en el levantamiento, a la fecha son 27 imputados, entre ellos dos civiles. Del total, cuatro guardan detención domiciliaria y el resto fue recluido en penales del país.