130 organizaciones exigen a Arce tomar 7 medidas ante la emergencia climática que provocan los incendios

Más de 100 entidades entre fundaciones, institutos, asociaciones, ambientalistas, de derechos humanos, y otras, dirigieron una nota al presidente Luis Arce, en la que le exigen tomar siete medidas ante los incendios, que ya han consumido cuatro millones de hectáreas de bosques y pastizales.

Además, se declararon en emergencia ante este “atentado contra la vida, la biodiversidad y el ecosistema”, y en la nota también demandan acciones a los poderes Legislativo y Judicial.

“La antigua práctica del chaqueo que, alentada por un paquete de leyes incendiarias, se ha institucionalizado como un mecanismo de ampliación de la frontera agrícola favoreciendo a los capitales del agronegocio y a los grupos interculturales que apoyan al oficialismo”, dice parte de la misiva, que alerta que las sanciones no se cumplen, por lo que “campea la impunidad”.

En la misiva se afirma, además que “lejos de garantizar los derechos de la población, las instituciones del Estado protegen con la impunidad a aquellas personas y poderes corporativos que promueven los incendios”.

En la nota, las instituciones exigen al Gobierno la aplicación de estas siete medidas:

1. Convocar a representantes de la sociedad civil para impulsar el debate nacional sobre un nuevo modelo de desarrollo, que no esté centrado en el extractivismo ni en la agroindustria porque ha quedado claro que este modelo es destructivo y está poniendo en riesgo el futuro de nuestro país y la vida de sus habitantes.
2. Declarar desastre nacional para movilizar recursos varios, entre ellos de la cooperación internacional destinada a apagar los incendios lo antes posible y no esperar la temporada de lluvias, priorizando la protección de los territorios indígenas y áreas rurales afectadas.
3. Restituir el dictamen procuradurial para empezar el proceso de reversión de tierras de las propiedades que el año 2023 iniciaron los incendios.
4. Desplegar acciones efectivas para evitar la destrucción de las áreas protegidas.
5. Establecer un sistema técnico y transparente de monitoreo de los incendios y su difusión en línea con datos comparativos por años, por mes y por día para que la sociedad civil conozca el avance de esta devastación y el efecto de las medidas de contención.
6. Implementar políticas de reforestación y restauración ecológica a corto, mediano y largo plazo en las zonas afectadas, con participación de las comunidades locales y políticas de adaptación y mitigación ante la emergencia climática.
7. Revisar el presupuesto nacional asignado a las instituciones encargadas de la protección de los bosques, fortaleciendo y cualificando al SERNAP y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Mientras, exigen a la Asamblea Legislativa concluir el proceso de abrogación del paquete de leyes que promueven la deforestación y los incendios, crear una legislación específica para proteger los territorios indígenas y áreas de producción forestal, y aprobar una ley que prohíba definitivamente el desmonte y las quemas en áreas protegidas y tierras de alto valor ecológico.

Asimismo, en su llamado al poder Judicial, le piden que active “todos los mecanismos para impulsar los procesos contra los responsables de los incendios, autores directos e intelectuales”.

“De no asumir estas y otras medidas propuestas por la sociedad civil quedará claro que todas las instancias de poder se han convertido en cómplices de esta destrucción y que, lejos de querer apagar los incendios, pretenden mantenerlos activos para habilitar más y más tierras de cultivo”, advirtieron.