Defensor alerta sobre una "situación muy peligrosa" tras resoluciones contra las judiciales

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este miércoles su “profunda preocupación” por la posible naturalización del ejercicio de interinatos en el sistema judicial, mientras advirtió que la paralización de las elecciones judiciales es una mala señal para la democracia en el país. 

“Naturalizar que autoridades interinas estén permanentemente desarrollando sus actividades en forma indefinida no puede ser en un Estado de derecho, es importante que las autoridades den señales claras a la población”, afirmó Callisaya, citado en una nota de prensa.

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El defensor recordó que el proceso eleccionario judicial atravesó una serie de obstáculos que han provocado inicialmente una suspensión, y que, ahora, con la emisión de resoluciones constitucionales en Beni y Pando, "se pone en vilo las elecciones judiciales".

“Definitivamente, esta es una situación muy peligrosa, hay una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales que no solamente limita el derecho político de la población a elegir a sus autoridades judiciales, sino que profundiza la fragilidad institucional democrática que está viviendo nuestro país y orilla a nuestra población, a nuestro Estado a salidas que no necesariamente son democráticas”, advirtió.

Ayer, martes, dos salas constitucionales, una de Pando y otra de Beni, declararon desiertas las convocatorias para magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En el caso de Pando, la excandidata María Esther Caero fue quien presentó un amparo constitucional, argumentando que se incumplieron los requisitos de equidad de género y número mínimo de participantes.

Y en Beni, el candidato al TSJ, Hugo Vargas, interpuso una acción constitucional al no ser incluido en las listas finales que serán llevadas a sufragio popular para el 1 de diciembre.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un pronunciamiento en septiembre del año pasado, así como el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas y el Informe Cohesión Social, expresaron su “profunda preocupación por la no realización de las elecciones judiciales”, recordó Callisaya.

Asimismo, informó que hoy la Defensoría del Pueblo está remitiendo una nota al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional para que asuma “las medidas necesarias, tal cual lo han hecho en otras ocasiones y tomen una decisión rápida, celera y oportuna en la revisión de estas dos resoluciones de las salas constitucionales”.

Por otro lado, también se enviará una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral, solicitando información sobre las acciones a ser asumidas para garantizar la prosecución de las elecciones judiciales.

“Adicionalmente nosotros estamos articulando una comunicación con el Sistema de Naciones Unidas, particularmente con la Relatoría Especial para la Independencia de magistrados y abogados, manifestando esta situación del país”, adelantó.