Caso Goni: Procuraduría buscará la reparación económica por los “Petrocontratos”

Luego de conocer la condena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otros tres exfuncionarios de ese Gobierno, el Estado buscará la reparación económica por las millonarias pérdidas generadas por los denominados “Petrocontratos”, informó a Visión 360 el subprocurador del Estado, Ricardo Condori.

“Esta es una sentencia histórica, porque es la primera que se dicta en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (…). Esta determinación, ejemplificadora, no solo resguarda los derechos constitucionales, sino también los intereses del Estado, y esta sentencia nos permite ir por la reparación civil (económica) una vez que se ejecutoría la sentencia”, explicó a este medio el subprocurador.

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Explicó que la condena del TSJ se dictó luego de que los acusadores demostraran que durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993 - 1997) los acusados incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al no remitir 107 contratos de riesgo compartido al Órgano Legislativo, para su respectivo análisis y aprobación, tal cual prescribía la normativa legal vigente en su momento.

Condori calificó a esos contratos de “nefastos”, porque a través de los mismos “se entregó la propiedad de los recursos hidrocarburíferos a las empresas extranjeras, con una distribución desigual de las ganancias para Bolivia: el 18% de las regalías para el Estado y el 82% para las empresas privadas”.

Puso como ejemplo que en el caso del campo San Alberto, que unos años antes de la firma de estos contratos ya estaba catalogado como reserva hidrocarburífera, permitieron que sea considerado como un campo recién descubierto al momento de la firma de los convenios con las transnacionales, y que esta acción generó más de 7.000 millones de dólares en daño económico al Estado.

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La Procuraduría General del Estado informó que el TSJ, en Sucre, dictó la sentencia completa en contra de Sánchez de Lozada Sánchez por seis años de privación de libertad, y cinco años para Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga, todos juzgados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El denominado caso de los “Petrocontratos”, tuvo como acusadores al Ministerio Público, Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

El subprocurador también detalló que de los nueve miembros del TSJ, tres votaron en contra de la sentencia, por considerar que no se había cumplido con el debido proceso, con el argumento de que no se procesó de manera adecuada la declaratoria de rebeldía que se dictó contra los acusados. Además, los magistrados también objetaron el juzgamiento de doble instancia.