Gobierno niega que la confiscación de alimentos apunte a los productores y los invita a la reglamentación

La disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que establece la confiscación de alimentos a quienes retengan, almacenen o encarezcan el precio, no está dirigida a los productores, aseveró este martes Marcelo Montenegro, ministro de Economía. La autoridad convocó a este sector a ser parte del proceso de reglamentación de la norma, una vez que la Asamblea Legislativa la apruebe.

“No queremos estigmatizar a productores y buenos intermediarios, esto va contra especuladores y en varias partes del país la población pidió poner un esquema de control a especuladores”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.

Esta jornada, el titular de Economía, además de los ministros de Desarrollo Rural, Yamil Flores, y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, se reunieron con los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), entre otros, para explicar el alcance de dicha disposición bastante cuestionada en los recientes días.

Montenegro explicó que se trata de un mecanismo de control y de fiscalización con el objetivo de garantizar la provisión de alimentos para la población y que los precios no se incrementen sin ningún motivo aparente.

Recordó que la norma está en la Asamblea, pero se precisará una reglamentación, por lo que convocó a los productores a ser parte de ese proceso.

“Estamos dispuestos siempre a dialogar, esa es consigna del presidente Arce, vamos a luchar contra la especulación y el agio”, indicó el ministro.

Sin embargo, Fernando Romero, presidente de Anapo, indicó que en la reunión con el Gobierno se rechazó el artículo porque “puede ser mal utilizado”, aunque dijo que el Ejecutivo verá si hace una nueva redacción o lo retira.

“Consideramos que eso en el espíritu, en lo que hemos venido trabajando en varios temas con el gobierno definitivamente, este (la disposición del PGE) no concuerda con ese espíritu”, indicó el productor.

El presidente de la CAO, José Luis Farah, manifestó que no por los malos productores o comercializadores se va a fiscalizar al pueblo boliviano

“Entonces creo que el momento ahora es crítico, el momento de emergencia y lo que debe prever el gobierno nacional es darnos las condiciones, más bien, para que sigamos produciendo, para que la canasta familiar abastezca a todos los pobladores de Bolivia y que tengamos las condiciones de diésel oportuno”, dijo Farah.