Bajo Llojeta: Fallo judicial insta a la Alcaldía paceña a ejecutar planes de contingencia y la comuna afirma que le concedió la tutela

La Sala Constitucional a cargo de procesar la audiencia de Acción Popular interpuesta por la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz, en contra de la inmobiliaria Kantutani, afirmó que es tuición del gobierno municipal hacerse cargo de la recuperación y rehabilitación de los espacios afectados por la mazamorra.

“Se dispone que el Gobierno Municipal de La Paz sea quien ejerza las atribuciones que la Ley 612 establece", dice la resolución a la que dieron lectura en la audiencia que se realizó hoy. "(Debe) ejecutar sus propios planes de contingencia, prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas en todo lo que corresponde al municipio de La Paz (...) Además de establecer estos planes de mitigación, debe ejecutarlos de forma inmediata”, añade. 

Sin embargo, de acuerdo con la Alcaldía de La Paz, la Sala Constitucional Primera le concedió la tutela a la acción popular planteada que demandaba que Kantutani cumpla con el plan de contingencia.

La directora Jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, informó que la audiencia tuvo lugar este martes a las 14.00, con la participación de representantes del gobierno municipal y de la empresa involucrada, según una nota de prensa.

La noche del 23 de noviembre, una intensa lluvia provocó un deslizamiento de tierras y mazamorra que terminó afectando a 40 residencias de la zona de Bajo Llojeta; una niña perdió la vida y más de 10 personas fueron rescatadas del desastre.

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La autorización para el movimiento de más de 140 toneladas de tierra fue realizada por el gobierno municipal de Achocalla. Sin embargo, las afectaciones ocurrieron en la sede de Gobierno. Las responsabilidades por el deslave recaen en ambos municipios.

“Se exhorta agotar todos los medios que sean necesarios para la mitigación, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas al GAMLP, así como al gobierno autónomo municipal productivo de Achocalla”, indica el segundo punto de la resolución judicial.

Por otro lado, según la determinación judicial, es deber de la Alcaldía de La Paz dar cumplimiento al acuerdo asumido con la empresa Inmobiliaria Kantutani, con relación al plan de contingencia propuesto a inicios de mes.

“Es atribución del GAMLP el ejecutar sus propias decisiones respecto a aquellas responsabilidades concedidas con el ahora accionado Inmobiliaria Kantutani S.A., y habiendo asumido voluntariamente la decisión de coadyuvar en las labores de rehabilitación, mitigación y recuperación de áreas, también se conmina al cumplimiento del acta del 1 de diciembre de 2024 al accionado en los términos que habría acordado con el GAMLP”, finaliza.