Incendios: Bolivia vivió el peor ecocidio de su historia y se perfila la reconstrucción

Entre junio y noviembre de este año, Bolivia vivió el mayor desastre ecológico de su historia a causa de los incendios forestales que consumieron más de 10 millones de hectáreas, segaron la vida de millones de animales y afectaron a numerosas familias que, incluso, perdieron sus viviendas. En la actualidad, el país se encamina hacia la reconstrucción.

De acuerdo con los datos del Viceministerio de Defensa Civil, los nueve departamentos fueron afectados por los incendios. Sin embargo, Santa Cruz sufrió el peor embate de las llamas.

El 10 de junio se conocieron los dos primeros incendios en el territorio boliviano, cuando los focos de calor llegaban a 2.795 en esa fecha. Uno se reportó en cercanías de los municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en Santa Cruz, e ingresó de Brasil, donde también las llamas comenzaban a sentar su presencia. El otro se reportó en el municipio cochabambino de Independencia.

De esa manera comenzaba en el país lo que iba a ser el mayor “ecocidio” de los últimos años, según expertos y autoridades.

En agosto, los activistas salieron en marchas con el lema: ¡Basta de incendios! Entre sus demandas se contaban la paralización inmediata de la política de distribución de tierras fiscales y predios con autorización de quemas, la eliminación total de las “leyes incendiarias”, la reversión de tierras para propiedades medianas y grandes donde se hayan registrado desmontes ilegales y quemas sin autorización, y ayuda inmediata y efectiva.

Con iguales demandas, los indígenas del oriente iniciaron marchas, como la que acompañó Marcial Fabricano que luego de cinco días llegó a la capital cruceña el 23 de septiembre.

Otra marcha denominada “Por la Chiquitania”, formada por estudiantes, universitarios, colectivos y residentes del municipio de Roboré, llegó a inicios de ese mes a la plaza 24 de Septiembre para pedir por acciones urgentes que sofoquen el fuego. “Que se declare desastre ya, que se reciba ayuda internacional, que se deroguen las normas que permiten el chaqueo”, indicó Ana Medinaceli, una de las activistas.

El alcalde de San Rafael, Jorge Vargas, rompió en llanto durante los actos por la efeméride cruceña, ante la impotencia de ver que el fuego arrasaba con miles de hectáreas en su municipio.

“Clamo ayuda, la Chiquitania arde y nadie nos ayuda”, reclamó Vargas en la plaza principal de la capital cruceña. Agregó que de las 968 mil hectáreas de ese municipio, 512 mil estaban ardiendo por tres meses y medio.

Kelly Tejada, voluntaria en Bomberos Civiles Ajayu de La Paz, rogó, en un evento público, al ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, declarar desastre nacional y acudir a la ayuda internacional para combatir los incendios en el oriente boliviano, que llevaban más de dos meses y ya habían consumido  cuatro millones de hectáreas, en septiembre.

“Hemos llegado recientemente de San Ignacio de Velasco y de San Matías. Por favor, a nombre de todos los bomberos voluntarios que se encuentran trabajando en el lugar, a nombre de los guardaparques, a nombre de los niños y las personas que hoy respiran humo en esa zona, ¡por favor, les pedimos declarar desastre nacional!”, dijo la bombera el 5 de septiembre.

El 7 de septiembre, el Gobierno declaró emergencia nacional, medida que permitiría un trabajo activo y de coordinación con las gobernaciones, las alcaldías y las instituciones del Gobierno.

El 30 de septiembre, cuando ya las hectáreas quemadas llegaban a los siete millones, y después de varios pedidos desesperados, el Ejecutivo firmó el Decreto Supremo 5235, que formalizó la declaratoria de desastre nacional.

El 21 de septiembre llegó el primer avión cisterna Electra Tanker T481 y el helicóptero Airbus BK117 D3 con Bambi Bucket para sofocar el fuego. El 7 de octubre arribó un segundo Electra Tanker para sumarse a la flotilla de aeronaves que combatían los incendios forestales desde el aire con el trabajo de efectivos militares, bomberos y comunarios.

El país también recibió la ayuda de bomberos de España, Francia y Venezuela.

Hasta el 8 de octubre, según un informe del  Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), el fuego consumió 9,8 millones de hectáreas en el territorio nacional, cifra que supera a los 6,3 millones de hectáreas consumidas por las llamas en 2023 y duplica el daño que se verificó en 2019 cuando 5,2 millones de hectáreas fueron afectadas por los incendios. Únicamente en 2010 el país soportó otra ola incendiaria que superó los nueve millones de hectáreas consumidas, ese año la cifra llegó a 9,3 millones.

Plan de reconstrucción
Tras los incendios forestales, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo a Visión 360 que el Gobierno trabaja en la “reconstrucción”, para lo cual diseña un plan que consiste en una reforestación “intensa” de los sitios alcanzados por el fuego, donde se plantarán árboles y plantas propias del lugar; así también se garantizará agua para consumo humano, animal y destinada al riego. Se cuenta a la vez la reposición de la producción para lo que se entregarán semillas, fertilizantes y agroquímicos y, por último, está la reposición de casas dañadas.

La autoridad indicó que, tomando en cuenta que este plan está en plena elaboración, aún no cuenta con el financiamiento necesario, el cual será gestionado mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Eso es lo que estamos trabajando; primero estamos cuantificando, cuánto será el costo y a través de Cancillería se buscará algún financiamiento externo y otro monto lo vamos a cubrir con recursos propios”, aseguró.

Calvimontes explicó que para evitar que el siguiente año se repita el desastre que se vivió este 2024 con los incendios forestales, es menester identificar cuál ha sido el origen de las llamas y la principal hipótesis establece que guarda relación con la tenencia de la tierra y que fueron provocados por “malos” indígenas y campesinos, como también el mediano, pequeño y el gran productor.

Recordó que sigue vigente la pausa ambiental dictada por el Ejecutivo por cinco años, lo que significa que durante ese lapso las tierras fiscales afectadas por el fuego no podrán ser distribuidas. Entre tanto, dijo que el presidente Luis Arce, quien anunció en la reunión del G20, en Río de Janeiro, Brasil, una pausa por 10 años, está enviando a la Asamblea un proyecto de ley.

“El Presidente está enviando una ley al Parlamento para que sea por 10 años (la pausa), es decir, aquellos que han originado los incendios para apropiarse de la tierra, van a ver frustrada su intención porque la pausa ambiental prohíbe la dotación de estas tierras”, dijo la autoridad.

Según Cecilia Requena, senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), nada indica que el anuncio del mandatario sobre el tiempo de la pausa ambiental “tenga seriedad”; además que cinco, 10 o 15 años son insuficientes cuando se habla de la regeneración de bosques.

Contrariamente, dijo que el Gobierno sigue alentando a sus bases sociales a pedir tierras, por ejemplo, en el norte de La Paz donde pretenden ocupar tierras de vocación forestal para fines agropecuarios. “Entonces toda la política pública va en sentido contrario; por eso es que no es creíble esa pausa, porque no resuelve las causas profundas y trata de ir solo a las consecuencias que son los incendios y el desmonte”, aseguró.

Para Requena, lo que ocurrió este año, con la quema de bosques y tierras productivas, es “nefasto” y señaló que las consecuencias “serán terribles” más en momentos de crisis climática, de biodiversidad y suelos.

“Nos constituimos en el peor país del mundo, en términos de deforestación y desmonte; nadie nos supera, somos campeones mundiales en autodestrucción”, consideró Requena.

Indicó que lo peor que se puede hacer es destruir el ecosistema, principalmente los bosques, porque son sumideros de carbono y son un factor de resiliencia; por esas razones se debe no solo proteger los bosques, sino incrementar su presencia.

Requena manifestó que de acuerdo con la propuesta que presentó CC en la Asamblea Legislativa para evitar los incendios y preservar los ecosistemas se plantea, por ejemplo, que en Bolivia solo deberían desarrollarse actividades agropecuarias en lugares que tengan esa vocación y no en tierras forestales.

También se propone aumentar la productividad de los suelos, tomando en cuenta que muchas superficies son improductivas porque no solo se trata de ampliar la frontera agrícola; desarrollar técnicas de chaqueos sin quema como lo hacen algunas empresas en el país, por ejemplo, el Ceibo. Para eso indicó que hay una quema preventiva para que los pastizales no se llenen de material combustible como el pasto seco, el que se puede incendiar terriblemente, entonces se lo puede remover con maquinaria, lo que evidentemente necesita inversión, que debería estar a cargo del Estado.

10 años de pausa ecológica anunció el presidente Luis Arce, en Río de Janeiro, Brasil, cuando asistió a la reunión del G20. 

91.801 es el número de las familias que fueron afectadas y damnificadas por los incendios forestales en el territorio nacional.

DATOS

LIBRE. El 15 de noviembre, el presidente Luis Arce, mediante sus redes sociales, anunció que el país estaba libre de incendios forestales. 

PERSONAL. Durante los incendios se movilizaron 9.533 bomberos forestales de 95 unidades militares.

CONSECUENCIAS. Uno de los efectos fue la contaminación del aire, que obligó a suspender clases, sobre todo en Santa Cruz.

HIPÓTESIS. Según el Gobierno, los incendios generados guardan relación con la tenencia de la tierra.

Los cuatro aspectos de la emergencia que debe conocer

1 FUEGO. El desastre se inició con 2 incendios: uno en Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en Santa Cruz, y otro en Independencia, Cochabamba.

2 EXIGENCIAS. Indígenas, activistas, vecinos bomberos, entre otros, demandaron acciones al Gobierno y la declaratoria de desastre.

3 DESASTRE NACIONAL. El Gobierno aprobó el Decreto 5235 el 30 de septiembre, cuando las hectáreas quemadas alcanzaban los 7 millones.

4 PLAN El Ejecutivo trabaja para encarar la reconstrucción. La Cancillería gestionará el financiamiento y se recurrirá a recursos del TGN.

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil / Datos actualizados al 1 de diciembre de 2024 / Foto: Gobernación de Beni