Gremiales suman a otros sectores a protesta contra el decomiso de alimentos

El dirigente gremial y de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), Toño Siñani, ratificó las movilizaciones para el próximo 13 de enero en rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que dispone el decomiso de alimentos. Según el dirigente, más sectores se sumarán a la protesta. Sin embargo, el Gobierno aseguró que la medida de la norma no afecta a este sector social.

El dirigente, según un informe de Unitel, señaló que el transporte pesado, panificadores e incluso, los jubilados, participarán de la jornada de rechazo a la disposición del PGE.

“Están los compañeros de transporte pesado porque están haciendo filas para conseguir diésel y gasolina, panificadores que realmente dicen que ya van a subir a 70 centavos, porque el Gobierno no le está garantizando el tema de la harina; también las Conamypes que han cerrado sus mini empresas y están en la calle”, precisó.

Otros sectores, como Adepcoca, Cofecay (Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas), y demás organizaciones que forman parte de la Central de Trabajadores de Bolivia, participarán de dichas movilizaciones.

El pedido de ellos es la anulación directa de la disposición séptima del PGE, ya que les afecta directamente a los sectores.

Respuesta del Gobierno

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que la disposición séptima del Presupuesto contra la retención, almacenamiento y encarecimiento de alimentos tiene la finalidad de garantizar alimentos a precio justo, y no afecta a los gremiales, sin embargo pueden ser partícipes de la reglamentación del tema y despejar dudas.

“No va en contra de los gremiales, los gremiales no llevan en cantidades voluminosas y no hacen contrabando a la inversa, los gremiales importan, ¿no? Entonces, comercializan bienes importados, no aquellos que están queriendo salir fuera del país, por lo tanto, eso va a quedar claro en esas mesas de trabajo”, explicó la autoridad en Bolivia Tv, según un reporte de ABI.

Montenegro recordó que las autoridades de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural plantearon al empresariado reglamentar esta disposición del presupuesto. Esto para que no haya malos entendidos, pero el objetivo es siempre preservar el bolsillo de los bolivianos.

Sobre los gremiales, se pensó que pueden ser parte de la reglamentación de la disposición observada e insistió que la medida “no va en contra del sector”.

De acuerdo con el Gobierno, los alimentos producidos en Bolivia son desviados a países vecinos en lo que se denomina el contrabando a la inversa, por su costo. Al cierre de 2024, se registró la escasez del arroz y aceite, lo que provocó agio y especulación.

“Queremos preservar que esa producción, que es para el pueblo boliviano, no se desvíe a las fronteras, sino que, primeramente, satisfaga la mesa del boliviano. Creo que ningún boliviano o boliviana se va a oponer a eso”, pareció Montenegro.