Cuestionan libertad del alcalde de Irupana involucrado en malversación de impuestos

La defensa del ex Técnico de Recaudaciones II, Álvaro Apaza, encarcelado por una presunta malversación de los impuestos en el municipio de Irupana, cuestiona que el alcalde Bernardo Mamani, continúe en libertad, pese a que existen declaraciones y documentos que prueban que es el responsables de la desaparición de más de un millón de bolivianos.

“Tengo entendido que existen elementos de prueba que vinculan al actual alcalde de Irupana, quien sigue ejerciendo su cargo, pese a que en su contra pesan cargos por cohecho activo”, informó a Visión 360, Marco Antonio Rodríguez, abogado de Apaza.

Rodríguez explicó que Apaza era el encargado de recaudación de los diferentes impuestos municipales, entre 2023 y 2024, durante ese tiempo, recibió instrucciones verbales y escritas, por parte de Mamani y otros funcionarios jerárquicos, para que, fuera de la norma, entregue dinero de los impuestos a otros funcionarios, consignando estas entregas, como adelantos de salario o gastos administrativos.

En su declaración, Apaza afirmó que esta forma de desviar el dinero de los impuestos, era una práctica común para el alcalde Mamani y sus superiores, desde 2021.

El abogado, expresó sus dudas sobre el trabajo del fiscal Julio Acarrrafi, asignado al caso, por la permisividad con la que se actúa con Mamani. “Todo apunta que él (Mamani) es responsable del mal manejo económico en el municipio de Irupana”, sostuvo el jurista.

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Demás de Apaza, también están detenidos preventivamente, el ex jefe de la Unidad de Recaudaciones y Administración Tributaria, Franz Callizaya y el ex director Administrativo Financiero, Eloy Cruz. El fiscal Acarrafi ordenó la anotación preventiva y congelamiento de cuentas de los tres sospechosos.

Mamani declaró ante la Fiscalía de La Paz, el 7 de enero, en calidad de sindicado y quedó en libertad. El fiscal Acarrafi informó a Visión 360 que la situación legal del burgomaestre aún está bajo análisis.

 La investigación se inició a inicios de 2024, luego de que una auditoría especial reveló que, entre las gestiones 2021 y 2023, desapareció 1.008.235 bolivianos de la recaudación de impuestos y que, diferentes funcionarios municipales pretendieron ocultar el desvío de este dinero.

Los resultados de esta auditoría obligaron a que se presente una denuncia ante la Fiscalía. Inicialmente el alcalde Mamani se presentó en calidad de denunciante y las investigaciones se enfocaron en el ex Técnico de Recaudaciones II, quien fue el primero en ser encarcelado.

Para confirmar su versión, Apaza presentó 45 recibos, varios de ellos firmados por Mamani y otros por personal superior de la Alcaldía de Irupana.