domingo 19 de abril de 2026

Diálogo

Gobierno busca frenar marcha de los empresarios y los convoca al diálogo sobre la disposición de decomisos

El ministro Siles explicó que hay que entender que la disposición séptima recoge el mandato de otras normas, y que requiere una reglamentación.
Tres ministros de Estado brindan conferencia de prensa. Foto: Central de Cooperativas Mineras
Tres ministros de Estado brindan conferencia de prensa. Foto: Central de Cooperativas Mineras

En un intento por frenar la marcha anunciada por los empresarios para el 10 de febrero, el Gobierno convocó este jueves a este sector a dialogar sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que establece decomisos de alimentos en caso de verificarse ocultamiento e incremento de precios.

El ministro de Justicia, César Siles, en conferencia de prensa, manifestó que la convocatoria está dirigida a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y a los gremiales.

Agregó que las conversaciones se realizarán por separado, entre el lunes y miércoles de la próxima semana, para llegar a un acuerdo que permita superar las observaciones sobre la disposición.

“Estamos abiertos al diálogo constructivo y realizar una propuesta, planes de implementación, trabajar conjuntamente en la reglamentación de este artículo”, indicó el titular de Justicia, acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y de Desarrollo Rural, Yamil Flores.

Siles explicó que hay que entender que la disposición séptima recoge el mandato de otras normas, y que requiere una reglamentación para diferenciar lo que es el control y fiscalización del decomiso y confiscación, conceptos que ya fueron debatidos con los empresarios en reuniones anteriores.

El lunes, los empresarios, reunidos en la sede de Gobierno, determinaron ir a una movilización el próximo 10 de febrero, y se cerraron en pedir la derogación de la disposición séptima porque consideran que atenta contra la cadena productiva que puede ser objeto de extorsión de los funcionarios.