Caso Reyna: la Defensoría ve vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia

En el caso de Reyna H., de 26 años, la mujer que en diciembre de 2024 fue reportada como desaparecida con sus dos hijos y que luego de tres semanas fue hallada en un alojamiento y luego aprehendida, la Defensoría del Pueblo expresó “su preocupación por el accionar de las entidades encargadas por ley de la investigación y persecución penal” y llamó a las a las autoridades competentes para que adopten “acciones de no repetición, pero principalmente para que garanticen la libertad, el debido proceso”.

“La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del caso de la señora a quien, de manera abusiva, vulnerando sus derechos al debido proceso y presunción de inocencia, se le inició un proceso penal por los supuestos delitos de abandono de menor, violencia familiar o doméstica y simulación de delito”, expresó la entidad en un comunicado, en el que anunció que abrió una investigación.

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“La institución defensorial expresa su preocupación por el accionar de las entidades encargadas por ley de la investigación y persecución penal, ya que, en este caso, no solo se han visto afectados los derechos de la señora, sino también los de sus hijos, quienes fueron sometidos a un proceso investigativo traumático, tal como lo evidenciarían las evaluaciones psicológicas”, dice el pronunciamiento.

En ese sentido, la Defensoría cuestionó la labor de la Policía y la Fiscalía, quienes decidieron privar de libertad a la mujer, “una acción totalmente cuestionable”. “Es inconcebible que, en un Estado democrático y de derecho, se cometan abusos de autoridad y violencia institucional, al punto de incurrir en hechos de tortura so pretexto de realizar un proceso de investigación”, señala.

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Reyna H. se encontraba supuestamente desaparecida desde el 30 de diciembre de 2024. La Policía y Fiscalía activaron una investigación y búsqueda hasta que el 21 de enero se la encontró, junto a sus hijos, en un alojamiento. Para el Ministerio Público, la mujer cometió delitos debido a que los menores fueron encontrados solos en el lugar donde estaban alojados y además, sospecharon que se dedicaba al consumo de bebidas alcohólicas. La mujer fue puesta en libertad por un juez el pasado sábado.

En su nota, la Defensoría reclama que “se está volviendo una práctica común y preocupante que algunas autoridades bolivianas vulneren el derecho a la presunción de inocencia, al hacer presentaciones mediáticas por parte del Ministerio de Gobierno, en clara contravención de lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado boliviano en la sentencia del caso Valencia Campos”.

En esa sentencia, la Corte IDH estableció que “estas conferencias de prensa tienen un impacto mediático que afecta negativamente a la honra de las personas presentadas como culpables, aun antes de que se haya realizado cualquier imputación formal en su contra”.