martes 16 de junio de 2026

Medida

CNI presentará un proyecto de ley para derogar la disposición séptima del PGE y anuncia que “no cederá”

Pablo Camacho, representante de los empresarios y productores, aseguró que “la unidad del empresariado es firme en este punto" y que no darán "el brazo a torcer”.
Pablo Camacho y otros dirigentes de los empresarios en una imagen del 10 de enero. Foto: APG
Pablo Camacho y otros dirigentes de los empresarios en una imagen del 10 de enero. Foto: APG

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentará este lunes un proyecto de ley para derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE)-2025, mientras el presidente de la entidad, Pablo Camacho, aseguró que no cederán ante la medida, que autoriza el decomiso de productos en caso de agio y especulación.

Camacho aseguró que “la unidad del empresariado es firme en este punto y no daremos el brazo a torcer”. Para este lunes, a las 15.30, la CNI convocó a la presentación del proyecto que busca derogar la disposición séptima del PGE.

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“Hemos sido contundentes en nuestras determinaciones: no participaremos en reuniones para su reglamentación y, de no obtener respuesta, se llevará adelante un paro movilizado nacional el 10 de febrero”, repitió el empresario, en una entrevista con el portal Economy.

“La CNI y todo el sector empresarial han sido claros: esta disposición debe ser derogada. Su aplicación generaría incertidumbre y afectaría gravemente el clima de inversiones. No podemos permitir que se habiliten mecanismos discrecionales de control que puedan traducirse en abusos o extorsiones contra el sector productivo formal”, expresó el representante de los empresarios.

Camacho apuntó que los empresarios están de acuerdo en que se debe garantizar el abastecimiento y evitar prácticas especulativas, pero la ley ya contempla sanciones para ello. “La disposición séptima es una medida innecesaria que solo genera más burocracia y riesgo de arbitrariedades. Además, la falta de divisas y combustibles no es responsabilidad de los empresarios, sino de la gestión estatal”, enfatizó.

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Tras una reunión multisectorial el pasado 21 de enero, los sectores productivos ratificaron que, de no derogarse esa disposición, iniciarían movilizaciones y un paro a partir del 10 de febrero.

Mientras, el viceministro de Defensa del Consumidor y del Usuario, Jorge Silva, asegura que la disposición cuestionada no va en contra de aquellas personas que se dedican al comercio lícito, quienes necesariamente deben tener un stock para garantizar el abastecimiento del producto en el mercado.

“Además de la derogación de la disposición séptima, es fundamental aprobar una nueva ley de inversiones para atraer capitales extranjeros y una normativa que modernice el Código Tributario. La falta de hidrocarburos es otra problemática crítica que debe resolverse de inmediato. Si no se implementan las medidas adecuadas a tiempo, el costo para la economía y la población será cada vez mayor”, apuntó Camacho en la entrevista citada.

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