Industriales presentan anteproyecto de ley para derogar norma de decomisos e insisten que su postura no es política

Los representantes de los empresarios, industriales y exportadores, presentaron este lunes un anteproyecto de ley para derogar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que se refiere a decomisos, y explicaron que su postura de rechazo no es política.

“La diferencia en la interpretación no se debe confundir con interés o posiciones políticas, somos y seremos férreos defensores de la búsqueda del desarrollo industrial y empresarial en beneficio del país”, indicó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

El anteproyecto de ley tiene un solo artículo que establece la derogación de la disposición observada bajo el justificativo de que no tiene ninguna relación con la Ley Financial, aleja las inversiones, atenta contra la propiedad privada, genera incertidumbre y afecta el empleo.

La normativa, según declaraciones de ayer de Jorge Silva, viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, la norma está diseñada “para combatir actividades ilícitas que cometen algunas personas que almacenan grandes cantidades de productos, no para abastecer el mercado interno, sino para sacarlo vía contrabando hacia Brasil, Argentina, Perú y que está generando actualmente un incremento de precios de producto esenciales de la canasta familiar”.

Camacho recordó que el presidente Luis Arce hace poco planteó la necesidad de efectuar un pacto social para buscar la paz y la certidumbre en el marco del Bicentenario, en esa lógica dijo que es coherente derogar la citada disposición.

El industrial reiteró que la postura en contra no puede ser considerada política porque se expuso que atenta contra los derechos constitucionales y va en contra del sector productivo y de abastecimiento.

“El disenso no puede considerarse como pulseta política, cuando lo que buscamos son mejores días para Bolivia, al derogar la disposición el gran ganador es el país”, aseguró Camacho.

Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), dijo que los empresarios siempre están abiertos al diálogo, pero en esta oportunidad no hay nada que dialogar, porque los sectores solo quieren la derogación de la disposición.

“No sabemos qué hay detrás de esto”, dijo Velasco en referencia a la vigencia de la medida, y agregó que la penalización por agio ya existe, por lo que está preocupado por lo que pueda suceder.

Los empresarios anunciaron para el 10 de febrero el inicio de movilizaciones para lograr su objetivo, pero dejaron de lado participar en el diálogo al que convoca el Gobierno, para reglamentar la disposición cuestionada.