Empresarios y Gobierno acuerdan no aplicar disposición sobre confiscación del PGE hasta lograr consensos

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno acordaron este martes, tras una reunión, congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, referida a los decomisos de productos en caso de agio y especulación.

“Hemos acordado que esta disposición no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en la metodología, normas y cualquier otra forme de solución el tema de la especulación, contrabando, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, expresó el presidente de la CEPB, Giovani Ortuño.

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El representante de los empresarios declaró que se ha “coincidido” con el Gobierno que no es de su competencia derogar la medida. “Ese tema se tiene que discutir en la Asamblea Legislativa”, apuntó, después de sostener una reunión con representantes del Ejecutivo. 

Además, anunció una etapa de “trabajo operativo” con el fin de hallar soluciones. Los sectores productivos señalan que la aplicación de la medida generaría incertidumbre y afectaría gravemente el clima de inversiones. Consideran que se trata de una medida discrecional de control que puede traducirse en abusos o extorsiones contra el sector productivo formal.

Ayer, lunes, estos sectores se movilizaron en varias ciudades de Bolivia contra la aplicación de la medida, aunque su protesta careció de contundencia.