Defensoría del Pueblo insta a las autoridades a proteger la vida ante la ola de accidentes de tránsito

La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a asumir con responsabilidad su rol en la protección de la vida y la seguridad de la población, ante la ola de accidentes de tránsito que solo en los días de Carnaval dejó más de 60 personas fallecidas.

Además, la institución expresó su “profunda” preocupación ante los recientes accidentes ocurridos en Potosí.

Según un recuento que hizo Visión 360, hasta el lunes 3 de marzo, unas 172 personas fallecieron en al menos 28 accidentes de tránsito, en diversas carreteras del país, mientras que el consumo de alcohol, exceso de velocidad, mal estado de las vías y negligencia están entre algunos de los factores.

La Defensoría del Pueblo señaló que la seguridad vial es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar mediante la adopción de medidas efectivas para proteger la integridad, la salud y el derecho a la vida de todas las personas, señaló la entidad en un boletín de prensa.

En el ámbito global, las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reflejan una realidad alarmante: los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 29 años.

En América Latina, los avances en seguridad vial han sido insuficientes para alcanzar la meta de reducir a la mitad las muertes y traumatismos causados por el tránsito vehicular.

En Bolivia, los datos recientes muestran un aumento preocupante en los siniestros viales, como los ocurridos en el departamento de Potosí, lo que exige una respuesta urgente y efectiva de las autoridades.

Detrás de cada estadística hay una tragedia humana: niños huérfanos, jóvenes con su futuro truncado y familias sumidas en la pobreza debido a la incapacidad de cubrir gastos médicos o la pérdida de su fuente de ingresos.

Es inaceptable que las personas más vulnerables, como niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, continúen siendo las más afectadas.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo recordó a las instituciones competentes cumplir con la Ley General de Transporte N° 165, el Decreto Supremo Nº 659 y la Resolución Ministerial Nº 266 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, entre otras, a fin de garantizar la seguridad vial en el territorio boliviano.

Además, la implementación efectiva de Limitadores de Velocidad en los buses del servicio de Transporte Automotor Público Terrestre de pasajeros interdepartamentales, la dotación de alcoholímetros al Organismo Operativo de Tránsito en todas las terminales de buses del país, el fortalecimiento de canales de denuncia a través de medios digitales y el replanteamiento del mecanismo de control Pasajero Seguro.