Esposa de Iraizos afirma que juicio de Epsas contra el ex interventor es una persecución injusta

Luego de que la Fiscalía presentó la acusación para el inicio de juicio contra el exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.), Bladimir Iraizos, la esposa del exfuncionario, María Elena Flores, aseguró que su esposo estaría bajo resguardo, por la persecución judicial por un presunto tráfico de influencias, que afirma es una “injusticia”.

“Una vez que se aclare toda esta injusticia saldrá a los medios (de comunicación) a desmentir con la documentación respectiva”, afirmó Flores en un mensaje que se envió a Visión 360 desde el número de celular que Iraizos registró como suyo al momento de declarar ante la Fiscalía. La familiar afirmó en un mensaje de voz, que el exinterventor “ya no está”, debido a los problemas personales generados por este caso.

Recordemos que existe una orden de aprehensión vigente, emitida por el juez, para que se detenga preventivamente a Iraizos, en el penal de San Pedro, mientras duran el proceso. Además, el 5 de marzo el fiscal Franklin Alborta presentó la acusación para el inicio del juicio, por el delito de uso indebido de influencias, en relación a una recomendación e instrucción que dio el 11 de marzo de 2023 al jefe del área jurídica, para que contrate a Nayda Fabiola Rocha, quien representó jurídicamente a Epsas S. A. en diferentes procesos laborales, pero sin contar con título de abogada.

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Sobre el tema, Flores aclaró que “en toda institución pública y privada existe una unidad jurídica y de recursos humanos, que son las encargadas de revisar toda la documentación de todo el personal nuevo que ingresará (a trabajar) y en Epsas existe una unidad jurídica y de recursos humanos aprobado con resolución. En ninguna institución la máxima autoridad es la responsable de revisar la documentación del personal ni proyectos”.

La esposa de Iraizos aseguró que, en el caso de Rocha, en la investigación por “la contratación de la abogada sin título” existen documentos en el cuaderno de investigación, que prueban que “la señora ya trabajó antes de Epsas en otras cuatro instituciones públicas, por qué realizando las investigaciones la señora en cuestión estudió en la universidad Univalle, pero no culminó y le faltó cuatro materias del pensum de la carrera de derecho”, sostuvo Flores.

Por otro lado, mencionó que el proceso es injusto, debido a que existe el antecedente de otro caso, en el que se verificó que un gerente de Epsas, en El Alto, tampoco contaba con título profesional, pero que en ese caso no se procesó al interventor, sino que el caso se abrió contra los responsables por no hacer la verificación de los documentos y al exfuncionario que se aprovechó de su nombramiento.

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“Entonces se puede evidenciar la injusticia de no hacer los procesos causantes. Mencionar que mi esposo sólo trabajó hasta el mes de abril del 2023 y la señora (Rocha) fue contratada en febrero del 2023, pero el interventor en ese momento era Jaime Gutiérrez iniciándole proceso a mi esposo, dejó trabajar a la señora Rocha hasta agosto del 2023, pagando los sueldos mensuales y el finiquito”, denunció Rocha.

Según los documentos de prueba de la Fiscalía, Rocha envió una carta el 10 de enero de 2023 a Iraizos, en la que solicitó ser tomada en cuenta para asumir el cargo de abogada laboral. Al día siguiente, Iraizos, en su calidad de interventor de Epsas S. A., “ordena al entonces jefe del departamento legal, Alaín Gómez Uyeno que elabore un informe solicitando la contratación de Nayda Fabiola Rocha” para que la incorpore a planillas, lo que se cumplió días después.